El país sigue entrampado en un debate sobre la Ley de Alquileres, como si se creyera que la relación entre inquilinos y propietarios pudiera resolverla una legislación.
La Cámara de Diputados, a instancias de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), logró reformar los términos de la norma, al introducir una menor duración del contrato y la forma de actualización del canon locativo.
Sin embargo, se especula que, en el Senado, donde la bancada peronista oficialista representa la mayoría, esa modificación no prosperará, con lo cual la situación seguirá como hasta ahora.
Estas discusiones sobre la Ley de Alquileres, más allá de las buenas intenciones de unos y otros, en realidad no van al núcleo del problema que está detrás y que es de índole macroeconómica.
El trasfondo de la crisis de los alquileres es un país quebrado cuyos habitantes se vienen empobreciendo aceleradamente por una superinflación que carcome ingresos y patrimonios.
En términos generales, por efecto de la inflación, del lado de los propietarios no es negocio poner un inmueble en alquiler ya que la relación riesgo-rentabilidad es mala.
De ahí que la oferta de viviendas para alquilar esté en el más bajo nivel histórico, en un derrumbe sin precedentes, según las cámaras del sector. Es decir, los dueños de los inmuebles prefieren poner su bien en venta en lugar de alquilarlo.
Del otro lado están las tribulaciones que aquejan a quienes necesitan alquilar, cuyos bolsillos se vacían en medio de una alta inflación y el acelerado aumento del tipo de cambio, en un país dolarizado.
El proceso inflacionario empuja a los legisladores a hacer populismo legislativo, cuya filosofía es querer remediar con una ley el desbarajuste económico general.
Del lado del oficialismo, si tanto les interesa solucionar el drama habitacional, ¿por qué no prueban con bajar la inflación galopante, que es el cáncer que carcome el bolsillo de los inquilinos?
La Ley de Alquileres se vuelve irritante porque no logar solucionar (y objetivamente nunca lo hará) el mecanismo indexatorio en una economía donde la inflación vuela.
Se trata de un mal remedio, que nunca dejará satisfecho ni a los inquilinos ni a los propietarios. El proyecto de Diputados, que crea la posibilidad de un ajuste cuatrimestral (no anual) por diversos índices a elección de las partes, podrá significar una mejora transitoria, pero no soluciona el problema de fondo.
El principal problema que existe es la falta de estabilidad monetaria en el contrato de alquiler. Con estos niveles de inflación, no se le puede pedir a un propietario que se resigne a no actualizar el valor del alquiler, so pena de menoscabar su patrimonio, al tiempo que se le hace cuesta arriba a los inquilinos el costo de la vivienda, cuando el aumento de sus ingresos siempre va detrás de la inflación.
Por otro lado, una legislación contraria a los intereses de los propietarios, destrozaría el mercado porque no quedarían inmuebles en oferta, como ya está ocurriendo, lo que agrava aún más la situación de los que buscan alquilar.
En otros países del mundo, sobre todo en los desarrollados, existe una legislación que regula a las partes interesadas, acercando a un punto de equilibrio a inquilinos y propietarios, pero no tienen la inflación morbosa que posee Argentina.
En Estados Unidos, España o Chile, donde existe estabilidad monetaria, los contratos pueden darse el lujo de extenderse por 3, 5 o hasta 7 años.
© El Día de Gualeguaychú
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