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Nadie quiere perder contra la inflación

Los sindicatos y la patronal, para esta época del año, se sientan a discutir el tema salarial, en el ámbito privado y estatal. En el fondo todo se reduce a determinar el porcentaje con el cual se ajustarán los sueldos contra el incremento en el costo de vida.

Las paritarias (o negociación entre partes) son una herramienta de negociación laboral donde patronal y trabajadores acuerdan y discuten condiciones de trabajo, buscando el equilibrio entre las necesidades y expectativas de ambos.

Dado el nivel de inflación que hay en la Argentina las paritarias reflejan el intento de los trabajadores por evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al alza del costo de vida.

Es decir, del lado de los empleados se trata de establecer un mecanismo indexatorio (o tabla de actualización) que preserve su poder de compra. Quien vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, no quiere aceptar una caída del salario real.

Los sindicatos hacen sus cálculos para los sectores público y privado, luego de la superación de la meta oficial de inflación de 2017, estimada en un tope del 17% pero en los hechos fue cercana a un 24%.

“Siempre al final se acordó, pero a diferencia de otros años habrá una fuerte puja en cada una de las actividades ante el intento oficial de imponer una pauta salarial que los propios funcionarios no pueden cumplir respecto de las metas de inflación. Se requerirá fuerza, paciencia y unidad. Esa será la clave para destrabar un proceso complicado”, explicó a Télam un dirigente de la CGT.

En Entre Ríos, el gobierno provincial ya convocó a los distintos sindicatos del Estado para discutir, en la segunda quincena de febrero, la recomposición salarial para 2018

“El gobernador ha garantizado que los incrementos salariales no iban a ser inferiores a la inflación y cumplirá su palabra”, dijo al respecto el ministro de Economía, Hugo Ballay, al explicar que en materia salarial “cada provincia es autónoma”.

“Apuesto al diálogo, más allá que a veces se transforme en discusión porque cada uno defiende los derechos que le corresponde, para llegar después de las reuniones que sean necesarias a que se compense de alguna manera al asalariado de la inflación, y también desde lo que a nosotros nos toca que es administrar los bienes de los entrerrianos con el mayor compromiso posible y la seguridad de poder cumplirlo”, remarcó el ministro.

Las paritarias son el marco permanente de discusión salarial y condiciones de trabajo. En este sentido, su agenda supera la puja respecto de la recomposición salarial.

Pueden incluirse cuestiones laborales como derechos y obligaciones, especificación de funciones, beneficios sociales de la seguridad social y previsional (salud y jubilación), licencias, horarios de trabajo, condiciones de higiene y seguridad, prevención de riesgos laborales donde los trabajadores legitiman sus reivindicaciones y ejercen su derecho de proponer condiciones para su desarrollo.

Los acuerdos paritarios son homologados por el Ministerio de Trabajo, luego de lo cual adquieren fuerza de ley. Dicha homologación formaliza el acuerdo conformando una herramienta de defensa del trabajador.
Las paritarias fueron conquistadas a principios del siglo XX por las luchas obreras que lograron reemplazar la contratación individual (y por ende su situación de debilidad frente a la patronal) por el contrato colectivo negociado a través de la fuerza gremial.

 

© El Día de Gualeguaychú

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Publicado por en 19/03/2018 en Uncategorized

 

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Entre los países con más alta inflación

Argentina integra el minúsculo y extravagante club de los países con más alta inflación del mundo, junto a Venezuela, Ucrania, Nigeria, Angola, Sudán del Sur y Libia, entre otros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el alza de precios se mantendrá estable por lo general en los países emergentes. Hay una excepción mayor, la de Venezuela, con una inflación del 650% este año y que se disparará al 2.350% el que viene.

Se calcula, en tanto, que en Sudán del Sur los precios aumentarán el 119%, en Libia la inflación rondará el 35% y en Surinam rondará el 30%. Luego aparece Argentina cuya economía arrastrará este año un incremento del 27% en los precios, que se moderará al 18% en 2018.

De esta manera el país supera el 11% de Turquía, el 13% de Ucrania y el 16% de Nigeria. Para buscar una referencia en América Latina, se anticipa que en México la inflación se situará en el 6%  este año, en tanto que Brasil tendrá una inflación anual de alrededor del 4%.

La economía de Venezuela ha entrado en una espiral inflacionaria que no parece tener techo. Algunos advierten que se encamina raudamente a una situación de descontrol muy parecida a la que sufrió en el pasado Argentina.

Cuando la inflación supera guarismos que se consideran manejables y los incrementos de precios se vuelven incontrolables, se presenta el fenómeno denominado “hiperinflación”.

El FMI sitúa al país caribeño en ese escenario al pronosticar que los precios saltarán más de un 2.350% en 2018. Argentina, ya conoció los males de la hiperinflación, que básicamente entrañan una descomposición del sistema económico.

Los episodios hiperinflacionarios domésticos de 1989 y 1990 están presentes en la memoria de mucha gente, ya que los precios se reajustaban varias veces por día y el peso argentino perdía totalmente su valor.

En el año 1989 la inflación anual promedio de Argentina fue de 3.079%. Los precios se multiplicaron por 50, tomando diciembre de 1989 contra diciembre de 1988.

El año 1990 no fue mucho mejor, la inflación anual promedio fue del 2.314%, aunque si se compara diciembre de 1990 contra diciembre de 1989, los precios “solo” se multiplicaron por 14.

No fue casual, al respecto, que para frenar el proceso hiperinflacionario el Estado decidiera en 1991 sancionar una ley que ató el peso al dólar (el famoso 1 a 1 de la convertibilidad).

En estas pampas la persistente inflación, que básicamente supone el envilecimiento de la moneda (peso), hizo que los habitantes adoptaran el dólar como moneda para ahorrar (reserva de valor) y para tasar bienes (unidad de cuenta).

De ahí que el economista Juan Llach crea que el “problema cultural” de la Argentina es la inflación y no el dólar. Es decir, no sería por falta de patriotismo que se prefiere la divisa extranjera, sino porque nadie es tan estúpido como para querer arruinarse con una moneda que se devalúa todo el tiempo.

Hay cierto consenso entre los economistas respecto del origen de la inflación: como el gobierno gasta más de lo que recauda, al bache lo financia con emisión monetaria a través del Banco Central. Y cuando hay más dinero para el mismo volumen de bienes, eso hace que los precios suban.

Se trataría, en rigor, de una antigua defraudación de los emisores de papel moneda: a medida que se multiplica la creación de billetes, en la misma proporción se licua su poder de compra en los bolsillos de los ciudadanos.

 

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Publicado por en 07/12/2017 en Uncategorized

 

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Cuando la inflación se vuelve inmanejable

La economía de Venezuela ha entrado en una espiral inflacionaria que no parece tener techo. Algunos advierten que se encamina raudamente a una situación de descontrol muy parecida a la que sufrió en el pasado Argentina.

El gobierno de Nicolás Maduro ha decretado el quinto incremento del salario mínimo en menos de un año. Es un aumento anualizado de 536%, que sin embargo no logra compensar la espectacular subida de precios en el mismo período.

Cuando la inflación supera guarismos que se consideran manejables y los incrementos de precios se vuelven incontrolables, se presenta el fenómeno denominado “hiperinflación”.

La economía venezolana presenta toda la sintomatología de este mal largamente estudiado por la ciencia económica y el cual los argentinos hemos padecido hace poco más de 20 años.

Uno de los indicadores de la hiperinflación se vincula al hecho de que los salarios deben reajustarse varias veces durante un corto período de tiempo, ante el alza diaria de los precios de los productos.

Dentro de esta lógica se inscribe la reciente medida del gobierno bolivariano de decretar un aumento del 50% en el salario mínimo a partir del 15 de enero, la quinta suba en menos de un año.

La medida pretende impedir el deterioro del poder de compra de los salarios frente al alza generalizada de precios. El gobierno de Maduro no da cifras oficiales sobre la inflación, pero los analistas privados dicen que viene batiendo récords.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2017 hablan de una tasa de inflación del 2.200 % (30% mensual). En tanto que para los años siguientes calcula que el problema se agudizará hasta llegar a 4.600% de inflación.

Argentina, un país que viene sufriendo la inflación desde hace por lo menos 70 años, conoció los males de la hiperinflación, que básicamente entrañan una descomposición del sistema económico.

Los episodios hiperinflacionarios domésticos de 1989 y 1990 están presentes en la memoria de mucha gente, ya que los precios se reajustaban varias veces por día y el peso argentino perdía totalmente su valor.

En el año 1989 la inflación anual promedio de Argentina fue de 3.079%. Los precios se multiplicaron por 50, tomando diciembre de 1989 contra diciembre de 1988.

El año 1990 no fue mucho mejor, la inflación anual promedio fue del 2.314%, aunque si se compara diciembre de 1990 contra diciembre de 1989, los precios “solo” se multiplicaron por 14.

La economía venezolana está mostrando otro rasgo típico que acompaña a los proceso de alta inflación: los poseedores de moneda del país tratan de convertirla en divisas extranjeras y remitirlas al exterior.

Desde 2003, cuando gobernaba Hugo Chávez, rige en Venezuela el control de cambio, como mecanismo para impedir la salida o fuga de capitales.

Pero la medida no impidió que los dólares huyeran del país caribeño, provocando un severo déficit de divisas que afectó su aparato productivo. En 2003 los venezolanos tenían en el extranjero menos de 53.000 millones de dólares. Una década después, ya tenían acumulados 175.000 millones de dólares.

En Argentina la persistente inflación, que básicamente supone el envilecimiento de la moneda (peso), hizo que los habitantes adoptaran el dólar como moneda para ahorrar (reserva de valor) y para tasar bienes (unidad de cuenta).

No fue casual, al respecto, que para frenar el proceso hiperinflacionario el Estado decidiera en 1991 sancionar una ley que ató el peso al dólar (el famoso 1 a 1 de la convertibilidad).

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 09/02/2017 en Uncategorized

 

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¿En el interior la vida es más cara?

Los provincianos, para graficar su queja ante el centralismo porteño, aseguran que “Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires”. ¿La frase es verdadera en todos los planos?

Hay razones para sospechar, por ejemplo, que aquí en el interior el costo de vida es superior al de Capital y el Gran Buenos Aires, producto de las grandes e históricas diferencias económicas entre ambas regiones.

El costo de la tarifa eléctrica es la mejor prueba de esa brecha. Estudios revelan que en el interior se paga facturas más caras. Un usuario entrerriano abona 6 veces más que uno de Buenos Aires.

Así se desprende de un artículo de Fortuna Web, donde se dice que más de dos millones de hogares del área metropolitana pagan menos de 30 pesos mensuales por la energía que toman de la red.

En Entre Ríos, el mismo usuario promedio (de 3.000 kilowatt/hora, paga alrededor de 180 pesos por mes de electricidad, es decir seis veces más. Esta disparidad, con algunas diferencias de precios, se reproduce en el resto el país.

Lo concreto es que hay una brecha que favorece claramente a los consumidores de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Eso ocurre con la energía eléctrica, el transporte y los combustibles.

Los analistas dicen que en los últimos años se agrandaron las diferencias entre lo que se paga en el área metropolitana y en el interior del país por los mismos bienes y servicios.

Pero según un reporte del diario ‘La Nación’, de 2015, firmado por Alfredo Sainz, esas diferencias no indican necesariamente que las provincias salgan siempre castigadas.

Los subsidios discrecionales en los servicios públicos, que favorecen a los habitantes de la Capital y el conurbano, actúan como contrapartida de mayores gastos en cuanto a alimentos, vivienda y algunos servicios privados (como el colegio o salir a comer).

Históricamente los precios de las propiedades estuvieron en Buenos Aires por encima del resto del país. En cuanto a los servicios privados, el factor que explicaría los precios más bajos del interior es la mano de obra (más informalidad).

En el caso de los productos de la canasta básica, las distorsiones de precios tienen un impacto menos parejo. Mientras los porteños generalmente acceden a productos envasados a valores más bajos, algunos alimentos frescos son más baratos en el interior.

En cuanto al transporte público, si bien el precio es más bajo en Capital y Gran Buenos Aires, también es cierto que en el interior se usa menos, porque sus habitantes no tiene que recorrer grandes distancias (por ejemplo para ir a trabajar).

Pero tampoco hay que perder de vista que los salarios que se pagan en una y otra geografía no son los mismos y están directamente relacionados con el entramado productivo.

Por ejemplo, la región patagónica y la Ciudad de Buenos Aires presentan los mayores niveles salariales, dado que gran parte de sus economías se encuentran ligadas a los sectores hidrocarburífero y de servicios financieros, respectivamente.  Por otro lado, si bien en Santa Cruz, Chubut o Neuquén los sueldos son altos, lo es también el costo de vida (todo es más caro por la distancia). Como sea, y más allá del factor costo de vida, todo indica que la antinomia interior-Buenos Aires subsiste, a partir de las grandes diferencias económicas que existen  entre ambas regiones.

Es un dato para destacar, al respecto, que en la superficie integrada por Capital y conurbano, que equivale al 0,15% de la total del país, resida el 32% de los habitantes y se concentre más del 45% del valor de la producción nacional.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 13/02/2016 en Uncategorized

 

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Techo propio: la brecha entre el deseo y la realidad

UN ANÁLISIS CLASISTA DEL DÉFICIT HABITACIONAL

Techo propio: la brecha entre el deseo y la realidad

Quizá la vivienda propia sea una de las mayores obsesiones argentinas, sobre todo de las parejas jóvenes. Pero a la vez, en virtud de las imposibilidades materiales, la fuente de una frustración social constante. 

Por Marcelo Lorenzo

El “techo propio” es parte del sueño vernáculo. Ser dueño y no inquilino constituye, por razones históricas y culturales, el valor aspiracional central de los argentinos.

Se diría que este objetivo se entronca con la manera en que la sociedad nativa construye su propia imagen. Según los estudios sociológicos, el 80% de los argentinos se percibe a sí mismo como perteneciente a la clase media.

Identificarse culturalmente con un sector social implica abrazar sus aspiraciones y deseos más profundos.

Y la clase media tradicional es aquella que tiene la capacidad económica para procurarse una vivienda propia (además de satisfacer las necesidades ligadas a alimentación, educación, salud y servicios de calidad).

Pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Los estudios empíricos hablan de una brecha entre la imagen que tienen de sí mismos los argentinos y su efectiva pertenencia social.

Aunque la mayoría se diga de clase media, sólo un 40% de la población se enrola efectivamente en este segmento social, a la luz de los ingresos reales. Esta incongruencia se traslada al plano del simbolismo y de las expectativas de clase.

En este sentido, aunque el techo propio aparece como un ideal casi universal, deviniendo en objeto del deseo de gran parte de la sociedad, sin embargo esta “marca identitaria” se aleja de las posibilidades reales de sus aspirantes.

En Argentina, por tanto, la vivienda no sólo tiene un valor asociado a cubrir una necesidad básica (valor de uso), sino que tiene un alto valor simbólico y cultural, entroncado con un determinado estilo de vida.

Así como la “clase media simbólica” no coincide con la real, también hay desajuste entre la aspiración habitacional y el concreto acceso al techo propio.

El origen del malestar argentino, en gran medida, tiene estrecha conexión con la distancia objetiva que existe entre las altas aspiraciones materiales y las concreciones (hay quienes piensan que hay una tendencia criolla a focalizarse en las metas aunque no en el recorrido –o lo que hay que hacer- para alcanzarlas).

Los psicólogos cognitivos sostienen que la fuente de la frustración reside siempre en el hecho de que el mundo no se ajusta a nuestros deseos. Cuando lo que se espera que ocurra (nivel de expectativa) finalmente no se verifica en la terca realidad.

El dramatismo con que se vive la falta de vivienda en Argentina –más allá de que tener un hogar de residencia es una necesidad básica- debe leerse también en la idealización cultural de un bien que ha devenido, para malestar de sus habitantes, en un objeto inaccesible para la mayoría.

ANÁLISIS DE CLASE Y AHORRO INSUFICIENTE

La idea de postergar consumos presentes, para constituir un fondo con el cual acceder a la casa propia o comprar bienes cuya renta constituyera una ayuda en la vejez, fue la clave distintiva de la sociedad “mediera” argentina.

Históricamente, el proyecto personal o familiar de llegar al techo propio funcionó como un estímulo para guardar algún billete todos los meses. Pero desde hace tiempo esta meta se hizo inalcanzable para el grueso de los asalariados (inflación mediante).

Dos de cada tres hogares argentinos gastan todo el sueldo en el mes, según  estudios del último tiempo. El grueso de la población, así, es incapaz de acumular excedentes.

Se suele escamotear, al respecto, que hay una correlación estrecha entre la mediocre capacidad adquisitiva de los hogares y el déficit habitacional. En este contexto, la clase media aparece como la más afectada.

En una época el Estado se hizo cargo de financiar el acceso al techo propio de los más desfavorecidos, a través de las llamadas “viviendas sociales”. Pero ahora son los sectores medios asalariados los que pujan por estos planes estatales.

Mientras ésta es la nueva clientela de los organismos públicos de vivienda (como el IAPV de Entre Ríos), los que están un escalón social más abajo, sin tener adónde vivir, muchas veces optan por convertirse en intrusos.

Los llamados “asentamientos” son, efectivamente, emergentes de la crisis habitacional entre los más pobres. Estos usurpan los terrenos descampados, en los alrededores de las ciudades, para construir allí casillas precarias.

La expansión de asentamientos poblacionales espontáneos en la periferia, protagonizada por grupos familiares carenciados, genera un fenómeno social nuevo, que pone en jaque a las administraciones municipales.

El gobierno nacional, a través del plan “ProCreAr”, que sortea créditos para el acceso a la vivienda o su mejoramiento, ha venido a paliar en algo la angustia de los sectores medios, que no encuentran otros resortes para hacerse su casa.

Pero los que no pueden acceder a este programa estatal, y no califican para los créditos hipotecarios disponibles en la banca privada (todos ellos carísimos), no tienen más opción que alquilar.

Se cree, en suma, que ha crecido notablemente el número de los que arriendan una vivienda. El Frente de Inquilinos Nacionales (FIN) habla de un sector social emergente que involucra a 5.000.000 de argentinos.

En Entre Ríos, según datos del Censo 2010, había 51.790 hogares que alquilaban y 24.273 que ocupaban viviendas por préstamo.

Así, el problema de fondo de la vivienda no reside tanto en la eficacia de los planes estatales para cubrir esta necesidad -que siempre supera el largo brazo providente del Estado-, sino en la brecha que existe entre los salarios y los precios de las propiedades.

VALORES INACCESIBLES

La clave pasa por el bajo poder adquisitivo de las remuneraciones en relación a los costos de acceso a una casa. Eso revela uno de los indicadores más utilizados, que compara el salario promedio y el precio del metro cuadrado (m2) de construcción.

Según datos de la Cámara de la Construcción, el ‘costo del m2’ en Entre Ríos, por ejemplo, es de $7.464 (incluye montos de materiales, mano de obra y equipo) y el ‘precio del m2’ es de $11.290 (comprende costo + gastos generales, financieros e impositivos y el beneficio).

A los fines prácticos, el último valor es el pertinente. Así, una casa tipo de 50 m2 (dos dormitorios, estar-comedor-cocina y un baño) costaría 564.500 pesos. Pero con la salvedad de que en ese monto no está computado el valor del terreno, cuyo precio ronda los 150.000 pesos.

Ahora bien, por el lado de los ingresos, se calcula que el salario promedio mensual del sector privado en Entre Ríos se sitúa en 10.000 pesos. En tanto, gremios estatales señalan que dicho salario en el sector público ronda los 7.000 pesos.

Si se confrontan los ingresos y el precio del m2 de construcción, surge así la brecha negativa que existe ambos indicadores. Los salarios promedio de los trabajadores de los sectores privado y público, por caso, no alcanzan a cubrir el precio de un m2.

Eso significa, en buen romance, que se necesitan, como mínimo en la provincia, el equivalente a 57 sueldos mensuales promedio del sector privado ($10.000), para construir una de esas unidades. Lo que implica 4 años y 9 meses de ahorro.

Si el trabajador en cuestión decidiera ahorrar la mitad del sueldo para destinarlo a la vivienda, necesitaría 113 meses (9 años y 5 meses). Y si guardara el 30% del sueldo, le insumiría 188 meses (15 años y 3 meses).

Todas estas situaciones son hipotéticas. Porque, ¿quién puede ahorrar la totalidad de su salario –y por tanto dejar de alimentarse, como mínimo-? Por otro lado, el proceso inflacionario, persistente en el país, que licúa ingresos, vuelve irreal esta hipótesis de ahorro.

¿Y la financiación hipotecaria? Sobre el particular, aunque las líneas bancarias existen, sus exigencias las hacen prácticamente inaccesibles para la mayoría. Lo que vuelve irónica la situación.

Se supone que uno va al banco porque necesita financiamiento ya que no cuenta con el dinero para la compra del inmueble. Pero resulta que en Argentina, para que le otorguen un crédito, hay que demostrar que uno no lo necesita.

Los últimos datos revelan que un grupo familiar que desee comprar en Buenos Aires un departamento usado, de dos ambientes (45 m2) necesita ingresos mensuales por 59.700 pesos, para obtener un préstamo a 20 años, con una cuota mensual de 17.900 pesos, fija en el primer año y variable en los demás.

Pero, como el crédito sólo cubre el 70% del valor de la propiedad, ese grupo familiar necesita tener ahorrados 378.000 pesos, para cubrir el 30% restante. Y esto sin contar gastos de tasación, escrituración, comisiones inmobiliarias y otros costos administrativos.

Como se ve, y en virtud de los valores ante mencionados, estos créditos parecen destinados a una minoría privilegiada, desde el punto de vista de los ingresos.

Los memoriosos recuerdan que en la Argentina –hasta hace 30 años- la mayoría de los asalariados podían acceder al techo propio a través del crédito hipotecario.

LOS INMUEBLES COMO ACTIVO

Los miembros de la clase alta, obviamente, se autofinancian sus casas. Pero en su concepto (desaparecida la urgencia del hábitat) los inmuebles son percibidos como una un activo que protege contra la depreciación constante de la moneda.

A causa de la inestabilidad financiera crónica, en la Argentina hay una tendencia exacerbada a utilizar los inmuebles como reserva de valor, algo que se acentuó tras el descalabro de 2001-2002, corralito de por medio.

La pérdida de confianza en la moneda y en los bancos, ha hecho que los sectores más pudientes, con capacidad de ahorro, busquen un fondeo seguro en ladrillos y terrenos.

La sobreinversión selectiva, como efecto lógico del mercado, ha empinado en la última década los costos de la construcción e impulsado al alza del valor de los terrenos, alejando a mucha gente de la posibilidad de la casa propia.

Hay razones para pensar que en Gualeguaychú, donde ya el valor de las propiedades están sobrestimadas por efecto del turismo, las casas y terrenos son más caros por el “boom constructivo” de sectores con capacidad de ahorro.

El auge en la construcción de edificios de altura en la Capital del Carnaval -que ha modificado la fisonomía urbana vernácula- tiene mucho que ver con la decisión de ahorristas que, en lugar de poner la plata en los bancos y ante la imposibilidad de adquirir dólares, prefieren invertir en departamentos.

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 07/09/2015 en Uncategorized

 

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Los lindos tienen ventajas laborales

Ser atractivo, tener buena apariencia física, no es un atributo indiferente en las relaciones humanas. Y mucho menos en el mercado laboral, donde quienes son agraciados suelen obtener mayores beneficios.

Los factores de discriminación social son varios. Algunos fincan en cuestiones naturales o inherentes, como edad, color de piel o sexo. Y en la actualidad se ha convertido en un capital clave la belleza física.

Se diría que existe la desigualdad física, ya que no es lo mismo ser lindo que feo. Sobre todo si se piensa que la apariencia hace la “diferencia” en muchos casos, sobre todo en el mercado laboral.

Al menos eso arrojan los estudios empíricos que analizan cómo afecta el físico de las personas en la posibilidad de conseguir empleo o de prosperar en él.

En Estados Unidos y Canadá, aquellos individuos considerados más  “atractivos”  suelen ganar entre un 5 y un 10% más, según las investigaciones sobre beauty labour market (o economía de la belleza) de los economistas Daniel S. Hamermesh y Jeff Biddle.

Por el contrario, las personas percibidas como feas no sólo tienen un sueldo inferior. Deben también “proactivamente compensar su falta de atractivo con mayor educación o mayor experiencia laboral”.

La conclusión del estudio norteamericano, según la cual se recompensa el atractivo físico en términos de salario real, es similar a la de otras mediciones realizadas en distintos países.

Según informa el diario La Nación, también en Argentina, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros, se comprobó que las personas más atractivas, en igualdad de condiciones, pueden tener mejores oportunidades y mayores ingresos.

En Argentina, los economistas Florencia López Bóo (del BID), Martín Rossi (Universidad de San Andrés) y Sergio Urzúa (Universidad de Maryland) llegaron a esa conclusión tras un experimento “controlado” con los curriculum vitae (CV).

Modificaron digitalmente las fotos del rostro de los candidatos, para hacer unos más atractivos y otros menos atractivos. Y enviaron aleatoriamente los CV a cada una de las ofertas de trabajo que aparecían en Internet.

Los economistas argentinos comprobaron, finalmente, que los candidatos “atractivos” recibieron 36% más de invitaciones a ser entrevistados.

Daniel S. Hamermesh, autor del libro “La belleza paga: por qué la gente atractiva tiene más éxito”, cree que a todo el mundo le gusta interactuar con los lindos, y que por eso los empresarios los contratan más, porque a la larga terminan siendo más productivos.

Ahora bien, ¿quiénes son “los lindos”? ¿Cuál es el parámetro de la belleza física? Los estándares de “atractivo”, según los investigadores, dependen de cada cultura en particular y además van cambiando a lo largo del tiempo.

Como sea, en cada caso el mercado laboral parece tener un olfato especial para saber cuál es el ideal adecuado. Y además hace una división entre aquellos trabajos donde la apariencia física es más importante.

Por ejemplo, no es lo mismo ser agricultor que artista, ser operario de máquinas que trabajar en una oficina con atención al público. El premio a la belleza es mayor en las llamadas “industrias de servicios”, donde el atractivo puede generar más clientela, más ingresos y más ganancias.

Una buena apariencia física, en suma, mejora el juicio de los demás, un atributo poderosísimo que al parecer mueve al éxito laboral y social. En cambio los feos, los no agraciados, tienen desventajas que pueden resultar irritantes.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 01/08/2015 en Uncategorized

 

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Los inquilinos y el déficit habitacional

Miembros de la clase media, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, cada vez más se ven obligados a alquilar una casa para vivir. Se cree, en suma, que ha crecido notablemente el número de inquilinos en el país.

El diario ‘Página/12’ habla de un sector social emergente, el de los inquilinos, que involucra a 5.000.000 de argentinos. De hecho se acaba de conformar una nueva organización para defender sus derechos.

El Frente de Inquilinos Nacionales (FIN) reúne, así, a las familias que no tienen otra opción que alquilar, pero a quienes se les hace cada vez más cuesta arriba pagar ese arriendo.

Lo que ocurre es que los dueños de las viviendas practican actualizaciones periódicas (algunos cada seis meses) de los contratos de alquiler por la inflación.

Los propietarios alegan que esos alquileres se pactan por debajo de la inflación prevista, y aseguran que la renta que sacan por la vivienda es bajísima según los valores históricos.

Pero los inquilinos tienen otra visión. Como muchos de ellos son trabajadores y empleados que cobran ingresos fijos, los cuales han perdido poder de compra el último tiempo, los nuevos costos de los alquileres son un golpe a su bolsillo.

El crecimiento de la masa de inquilinos, y el hecho de que éstos tengan que afrontar gastos de alquiler en aumento, es efecto de un problema mayor: la penuria de la vivienda.

La lógica es muy simple: el que no puede acceder a una casa para vivir, alquila. Esa es la opción obligada de muchas familias de clase media, que ven cada vez más lejos la posibilidad de ser propietarios.

El telón de fondo es el déficit habitacional que existe en Argentina, un problema estructural que afecta a vastos sectores sociales. La situación ha llevado a que los más pobres hayan optado por las “tomas” o asentamientos en terrenos fiscales o no ocupados por los propietarios.

El gobierno, a través del Plan “ProCreAr”, que sortea créditos para el acceso a terrenos o construcción de viviendas, ha venido a paliar en algo la angustia de los sectores medios, que no encuentran otros resortes para hacerse su casa.

Pero los que no pueden acceder a este programa estatal, y no califican para los créditos hipotecarios disponibles en la banca privada (todos ellos carísimos), no tienen más opción que alquilar.

Los resultados de los censos 2001 y 2010 arrojaron una disminución de la proporción de hogares propietarios de la vivienda y el terreno (67,5% versus 65,1%) y un aumento de los hogares inquilinos (15,8% versus 21,4%).

Se cree que este fenómeno de “menos propietarios y más inquilinos” se ha venido agudizando. Eso confirman las estadísticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que son las únicas que están actualizadas.

En 2014, un 54,7% de los porteños eran propietarios y 32% inquilinos, una cifra que impacta cuando se la compara, por ejemplo, con el 2003, cuando el 64,45% era propietario y el 23,9% inquilino.

La tendencia se repite en las grandes urbes el país, según cuenta la periodista Graciela Pérez, en una nota reciente aparecida en el diario digital Miradas del Sur.

Allí se cuenta que Rosario, por ejemplo, es la segunda ciudad del país, después de la capital argentina, con mayor porcentaje de hogares inquilinos (30%).

Que más personas se vean obligadas a alquiler, y que deban lidiar con el pago de contratos que se actualizan por la inflación, es otra cara en realidad del problema más acuciante de la falta de acceso a la vivienda propia en la Argentina.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 23/06/2015 en Uncategorized

 

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