El clientelismo y su esencia multifacética

En sentido restringido es un mero canje de favores por votos. Pero el clientelismo político no sólo se practica en épocas de elecciones, ni necesariamente involucra a los más pobres, y de hecho puede instituir una forma de vida.
Para el “cliente” es una estrategia de supervivencia, mientras que para el político es una manera de construir su base de poder. A través de este intercambio, al margen de las instituciones formales, los pobres resuelven muchos problemas de la vida cotidiana.
Se sabe que muchas familias consiguen cosas mediante “punteros”, estructuras partidarias, agencias estatales, y demás. Obtienen desde subsidios hasta zapatillas, pasando por medicamentos.
Las clases postergadas de Argentina, que se prestan a este intercambio, no lo consideran aberrante, sino algo natural, algo incluso “debido” dada su situación.
Así lo ha explicado el sociólogo Javier Auyero, al estudiar las relaciones clientelares en villas del conurbano bonaerense. Se diría, por tanto, que se trata de una práctica inveterada y que se consolidó como hecho cultural.
Pero así como tanta gente, en los barrios marginales, ha hallado en este intercambio un modo de sobrevivencia, en él se construyen relaciones de dominación, de dependencia.
Uno de los usos de la palabra “demagogia” remite, en este sentido, al hecho de que una facción política utiliza el aparato del Estado y sus recursos, para favorecer a su “clientela”, de quien espera adhesión política, y esto con el objeto de perpetuarse en el poder.
Se le reprocha al clientelismo el hecho de que tiende a mantener cautivos a los más pobres, consolidando así su situación de subordinación social. Es, en suma, un garante del statu quo.
En su libro “Contra el cambio”, el periodista argentino Martín Caparrós escribió: “En mi país, sin ir más lejos, la pobreza de un tercio de la población es un requisito para que se mantenga el sistema político basado en el clientelismo, en la dependencia de esos pobres de subsidios y limosnas –que los mantienen en una situación de semicrisis permanente, de anomia social y política, de dependencia extrema del Estado y de sus gobernantes que los controlan gracias a la potestad de darles o no darles ese mendrugo que los mantiene vivos”.
En el esquema clientelar sobresale una figura política, el “puntero”, un personaje que se ha convertido en una herramienta clave en el armado político en el país.
Rodrigo Zarazaga, un jesuita que ha estudiado al puntero, lo considera un mal necesario y esto porque, a falta de otra contención social y estatal, sería el único actor capaz de llegar a los pobres.
“Es necesario entender que, mientras el puntero es -aunque interesado- un prójimo asequible, las instituciones del Estado están lejos del pobre, cuando no completamente ausentes”, asegura el jesuita, quien deja esta frase: “El clientelismo no es la raíz del problema, la miseria lo es”.
En tanto, la politóloga María Matilde Ollier, que acaba de publicar una investigación sobre la lógica política que impera en Buenos Aires, sostiene que el término clientelismo se presta a equívoco.
En declaraciones a La Nación, dijo que si con ese término se quiere significar que el Estado da recursos a un sector de la población y ese sector lo que tiene de intercambiable y poderoso es su voto, entonces no sólo se hace clientelismo con los más pobres.
“La clase media también tiene acuerdos con los Estados nacionales, provinciales y locales, y también ofrece su voto, y los empresarios también son subsidiados por el Estado argentino”, razonó.
La política como toma y daca, según este concepto, tendría ramificaciones más vastas. El manejo de la caja –en un esquema de concentración de recursos- tendría connotación clientelar, por ejemplo, tanto en entidades de la sociedad civil que reciben algún subsidio, como en gobernadores e intendentes que esperan remesas del gobierno central.

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Smart City, una tendencia global

La revolución tecnológica en el campo de la información empieza a impactar en los procesos urbanos. El modelo de ‘Smart City’ (ciudad inteligente) ya existe en algunos lugares del planeta.
Latinoamérica se sumará a esta tendencia a partir de la reconversión de Pernambuco (Brasil) como núcleo urbano capaz de brindar un conjunto de servicios centralizados gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Se trata de un entorno singular en el que se integra una compleja amalgama de infraestructura y servicios estrechamente interconectados entre sí. La gestión del entorno se realiza a través del uso intensivo de las TICs.
En el marco del Mundial 2014, el gobierno de Pernambuco, tiene como objetivo la creación de una ciudad inteligente, que ofrece zonas de entretenimiento, instalaciones de I+D, universidades, hoteles y centros comerciales.
Para el desarrollo del proyecto se ha convocado a compañías como NEC Latin America SA. y al “Consorcio Arena Pernambuco”, filial del Grupo Odebrecht, responsable de la gestión del nuevo estadio de usos múltiples.
Existen innumerables iniciativas de Smart City por todo el mundo. Una taxonomía ofreció en un artículo José Manuel Hernández Muñoz.
Las categorías son: eficiencia y gestión energética (Málaga y Ámsterdam); entornos de negocios y economía del conocimiento (Luxemburgo, Dubai, Malta, Kochi); transporte y movilidad urbana (Singapur, Brisbane, Estocolmo, Maastricht); gobierno y participación ciudadana (Tampere, Turku, Alburquerque); medio ambiente (Copenhague, Vancouver, Melbourne, Montpellier); urbanismo y entornos de negocios (Masdar, Sondgo); turismo y actividad cultural (París, Londres, Salzburgo, Brujas, Sydney, Zurich, entre otros).
Las distintas categorías de ciudades inteligentes mencionadas hacen un uso intensivo de las TICs, y responden a las necesidades y preferencias de los ciudadanos en cada caso.
Conscientes del potencial existente, y de la gran aceptación entre la ciudadanía de las iniciativas para mejorar la calidad de vida en el entorno urbano, numerosos municipios han entrado ya en la dinámica “smart”, y están abordando actuaciones específicas en esta línea.
La experiencia es resultado de la revolución tecnológica en marcha, dentro del marco de la globalización capitalista. El fenómeno ha sido analizado por el sociólogo español Manuel Castells, en su libro “La ciudad informacional”, de 1995.
Allí dice: “Emerge una forma social y espacial: la ciudad informacional. No es la ciudad de las tecnologías de la información profetizada por los futurólogos. Ni es la tecnópolis totalitaria denunciada por la nostalgia del tiempo pasado. Es la ciudad de nuestra sociedad, como la ciudad industrial fue la forma urbana de la sociedad que estamos dejando. Es una ciudad hecha de nuestro potencial de productividad y de nuestra capacidad de destrucción, de nuestras proezas tecnológicas y de nuestras miserias sociales, de nuestros sueños y de nuestras pesadillas. La ciudad informacional es nuestra circunstancia”.
Lo que nos muestra Castells es la existencia de un nuevo paradigma tecnológico (con el desarrollo de las técnicas de la información), que ha derivado en un nuevo modelo de desarrollo informacional en el último cuarto del siglo XX.
Dicho modelo tiene consecuencias sobre las sociedades, así como conlleva ciertas modificaciones en los procesos urbano-regionales de organización (internacionalización, descentralización, etc.).
Las ciudades inteligentes son el reflejo de esta tendencia global de rediseñar entornos urbanos sobre la base del modelo tecnológico.

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Un clásico nacional: la fuga de capitales

Es conocida la tendencia de los argentinos a ahorrar en dólares, que van al colchón o son girados afuera. La incertidumbre electoral ha acelerado la compra de divisas.
Los analistas estiman que la salida de capitales en el mes de mayo, que llegó a los 2.200 millones, superó la marca del año. Y se cree que a medida que se acerque la fecha de las elecciones, el ritmo de fuga irá in crescendo.
Una parte mínima de esos dólares quedan en forma de depósitos bancarios, otra parte puede depositarse en el exterior, y otra parte queda en el país en colchones, cajas de seguridad o escondites varios.
Lo más preocupante es que de ese flujo nada vaya a la economía real. El modelo económico de estos años ha sido bifronte: produce dólares, pero los fuga.
Los ingentes dólares del comercio exterior se vinculan esencialmente al boom de las commodities. Entre 2001 y 2011 se produjo un milagro. La demanda china catapultó los precios: la soja pasó de 170 a 540 dólares la tonelada.
Pese a este cambio macroeconómico excepcional –que en teoría debería respaldar la moneda nacional-, los argentinos con capacidad de ahorro siguen prefiriendo los dólares a los pesos, y a ponerlo fuera del sistema
A manera de balance, los analistas sostienen que durante el mandato de Cristina Kirchner el país habrá fugado nada menos que 68.000 millones de dólares.
En el último informe que elaboró la consultora que preside Rogelio Frigerio, se lee: “En todo el 2011 la fuga llegaría a 21.700 millones de dólares, superando la fuga de 2009 –que fue de 14.123 millones de dólares- y ubicándose próxima al nivel de 2008, cuando salieron del sistema 23.098 millones de dólares”.
El ciclo de bonanza económica de esta década no ha podido recuperar el ahorro en moneda local, y por tanto no ha logrado un crecimiento fuerte del sistema financiero.
El tamaño del sistema financiero argentino, en términos de PBI, se cayó a la mitad, con la crisis de 2001/2002, y nunca se recuperó de esos niveles. No es casual que en la Argentina no haya crédito hipotecario y que los empresarios se quejen porque no tienen financiamiento.
¿Por qué razón los ahorristas huyen del peso refugiándose en el dólar? Una de las razones macroeconómicas, a partir de 2006, es la persistente inflación. La moneda nacional no reúne una de las funciones específicas del dinero: el de ser reserva de valor.
Hay estudios que indican que quien atesoró pesos en efectivo en enero de 2007 dispone hoy de un 40% de la capacidad de compra en bienes y servicios de la que disponía en esa fecha.
Para conservar sus ahorros, los argentinos se han visto obligados a comprar dólares o a adquirir propiedades. Esta última inversión permite comprender el porqué del importante auge que de la actividad inmobiliaria en los últimos años.
Empalmado con esto, es razonable pensar que los ahorristas creen muy poco en la política económica, en el gobierno, y en las instituciones del país. Esta desconfianza estaría en la raíz del problema.
Los que ahorran en Argentina no son los jubilados, ni los obreros ni los empleados. Sino la burguesía comercial y empresarial nacional, los profesionales de altos ingresos, los ejecutivos, la clase dirigencial (políticos y sindicalistas, por caso).
Lo paradójico del caso es que muchos de los que ganaron con el modelo económico de estos años, y seguramente votarán al oficialismo en octubre, son los que prefieren los dólares a los pesos.
Aquí hay que incluir a los empresarios que obtuvieron ganancias provenientes del mercado local y fueron amparados por políticas proteccionistas.

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Cuando los hechos no encajan con la ideología

Aunque es un déjà vu (en francés ‘ya visto’), en un país donde la malversación de fondos públicos no causa extrañeza, el escándalo Schoklender tiene otra arista: discute el dogma de que ser progresista equivale a ser decente.
El episodio es disonante con la visión maniquea del mundo según la cual el mal está a la derecha del arco ideológico. Todo cuanto provenga de ese lado está insanablemente corrompido.
Ergo: la virtud moral es patrimonio de la izquierda, de suerte que quienes militan dentro de ella –por ejemplo el gobierno y sus aliados- no son alcanzados por la corrupción.
Acusar de deshonestidad al ahora ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, y poner en duda la ética de éstas y del gobierno, es poco menos que una herejía. Es cuestionar, como reconoció alguien del oficialismo, la “hegemonía cultural” del kirchnerismo.
En lugar de ir a fondo con la investigación, haciendo que nadie se ponga por encima de la justicia y la ley, como lo aconseja la ética republicana, voceros del gobierno salieron a hacer “reparaciones” ideológicas, denunciando hostilidad mediática hacia Hebe de Bonafini.
Jorge Lanata, que ha escrito varios artículos sobre el asunto, comparó esta reacción con la táctica de los militares de la dictadura de calificar de “campaña anti-argentina” toda crítica opositora al régimen de facto.
La tendencia básica es ignorar los hechos que contradicen convicciones ideológicas. De lo que se trata es de hacer desaparecer las pruebas de la realidad, o sacrificar los datos en función de la ideología del poder.
El escritor Albert Camus supo repudiar el positivismo moral de los hegelianos de izquierda de su época (mediados del siglo XX), para quienes lo verdaderamente importante es la “marcha de la historia”.
La tesis central de esta gente radica en la superstición en virtud de la cual la historia se mueve en una dirección de acuerdo con las leyes naturales. Ir contra esta dirección, por tanto, es ir contra la verdad misma.
Esta certeza le da al ideólogo que cree en ella inmunidad ética. Porque no hay ningún patrón moral salvo el que emerge de la fuerza histórica, de lo existente (hegemonía), que es bueno y razonable en sí mismo.
La consecuencia práctica de esta creencia es que resulta imposible toda crítica moral al estado de cosas existente, puesto que ese estado mismo determina los patrones morales.
El fin (la marcha de la historia), por tanto, justifica los medios. Como escribió el filosofo argentino Tomás Abraham: “La obtención de los logros hasta la victoria final necesita de personajes que aun siendo burgueses, corruptos, mal o bienintencionados, mientras piloteen el barco hacia la lucha popular, si se convierten en portavoces de los pobres contra los ricos, poco importa si compran tierras a cero pesos y las revenden a mil, o si emiten bonos cuyo dinero se evapora, si mienten a diestra y siniestra, o si roban. Todo tiene sentido desde el punto de vista de los fines”.
A todo esto, el escritor J. Fernández Díaz, en un interesante artículo, concluyó que “la corrupción no le importa a nadie”, al hacer un severo juicio sobre la tabla de valores de la sociedad nativa.
Una encuesta de Poliarquía revela que la corrupción no es algo que indigne a los argentinos. Figura en un sexto renglón casi insignificante (3%) entre sus reales preocupaciones.
Aunque esto está en sintonía con las elecciones que ganaba Carlos Menem en los ‘90, cuando muchos votantes privilegiaron el “voto cuota” a la moral pública. Por entonces predominaba el axioma popular de “roban pero hacen”
“Antes se robaba para la Corona, ahora se roba para la revolución nacional y popular”, gatilló Fernández Díaz. Así apuntó sus dardos contra aquel progresismo oficial que en los ‘90 se rasgaba la vestidura por la corruptela menemista, pero que hoy supedita la ética al “proyecto”.
Ése es el nuevo vocablo que hoy designa la “marcha de la historia” la cual, como se sabe, tendría razones que la moral desconoce.

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Los que quisieran que todo fuese propaganda

Hay algunos funcionarios para quienes los medios de comunicación debieran ser, lisa y llanamente, meros propaladores de la ideología de la clase gobernante.
Con ese objetivo echan mano a los recursos del Estado, para repartir discrecionalmente la pauta oficial, que se convierte así en un arma poderosa para acallar la crítica.
Detrás de esto late una concepción patrimonialista del Estado, según la cual la facción política gobernante se hace “dueña” de la burocracia estatal, y la usa como quiere.
Una suerte de revival del absolutismo monárquico cuyo máximo representante, Luis XIV de Francia, proclamaba “L’État, c’est moi”, es decir “El Estado, soy yo”.
A este nulo republicanismo en la administración de la cosa pública, se suma el hecho de que los susodichos funcionarios pretenden que la sociedad sólo consuma el pensamiento oficial.
Son los que sueñan con que sólo exista la “verdad del poder”, léase la “propaganda”. Y quizá no adviertan que la hegemonía del relato único y oficial, impuesto coactivamente, es el abecé de todo régimen totalitario.
En este esquema el ejercicio del periodismo, que debe procurar mantener distancia frente a los gobiernos y ser crítico de los dogmas perpetuados por quienes recitan sus verdades, se convierte en una actividad “peligrosa”.
Peligrosa para los que mandan, para los que no toleran que se piense distinto o que circule información que incomoda al gobierno. Para los que quisieran convertir a todos los medios en agencias de Información Pública.
La política comunicacional (o propagandística) que se sigue en algunas comarcas, parece colisionar con la que pretende llevar adelante el Ejecutivo nacional, a partir de lo dicho por Juan Manuel Abal Medina, secretario de Comunicación Pública, quien acaba de afirmar que “el gobierno nacional no quiere medios que lo defiendan”.
“Queremos medios plurales, distintos y diversos”, dijo Abal Medina en un encuentro con la asociación de Diarios y Periódicos de la República Argentina (DYPRA), al tiempo que resaltó la importancia de un modelo de comunicación con base en “el federalismo y la integralidad”.
El concepto del secretario de Comunicación Pública de la Nación coincide con el pensamiento de los que, como nosotros, creen que el periodismo es parte esencial de una sociedad abierta.
El poder, por su propia naturaleza, busca ocultar. De aquí se deriva la importancia de la prensa libre en la sociedad democrática: ella procura que el ciudadano se entere de cosas que el poder quisiera callar, al tiempo que hace posible que se escuchen todas las voces, sobre todo las disidentes.
A esa gente en Argentina que, desde algún despacho oficial, quisiera vivir en el reino perfecto y uniforme de la propaganda, en el paraíso de la verdad oficial, y desprecia por tanto al periodismo independiente, quizá le vendría bien releer esta descripción de Horacio Verbitsky (alguien admirado en el planeta progresista):
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentalmente posible”.
“Criticar todo y a todos. Echar sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, que del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo?”.

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El campo argentino es una fábrica de dólares

Si en los ‘90 la provisión de dólares de la economía argentina dependía del crédito externo y de la venta de activos estatales, desde 2002 el país está blindado con los “sojadólares”.
Para muchos economistas aquí está el secreto macroeconómico de las dos épocas, las cuales curiosamente (o no tanto) fueron gestionadas por el peronismo.
La escasez de divisas atormentó la historia económica Argentina de las últimas décadas, convirtiéndose en su cuello de botella. La convertibilidad, que vino a parar una hiperinflación, se financió básicamente atrayendo capitales externos.
No es casual que el esquema reventara en 2001 cuando el mundo decidió dejar de prestarle a Argentina. Pero el país encontró su tabla de salvación en su sector más dinámico: el campo.
Unas cuantas cosechas y el Banco Central, que se había desangrado con una tremenda fuga de divisas, constituyó rápidamente su nivel de reservas. Y esto con default y todo.
Desde entonces el país no sólo afrontó el pago a sus acreedores (sobre todo al FMI) y halló un fortísimo ingreso fiscal (vía retenciones) sino que abasteció al sistema cambiario con torrente de dólares, necesarios por otro lado para financiar importaciones.
Nada de esto hubiera ocurrido si el campo no hubiera estado preparado humana y técnicamente para aprovechar los extraordinarios precios internacionales de los bienes agrícolas, motorizados por la demanda asiática.
El cultivo estrella de estos años fue el poroto de soja y sus derivados, que en Asia se demanda como proteína necesaria para hacer frente a las necesidades alimenticias de las nuevas clases medias de China e India, dos potencias económicas emergentes.
La globalización capitalista hizo posible que el precio de la soja sufriera un brinco extraordinario. En 2000/01, su valor llegaba a 160 dólares la tonelada. En los últimos tiempos la cotización de este grano no ha parado de crecer y hoy ronda los 500 dólares.
Hace poco el economista Gustavo López, de la consultora Agritrend, publicó en la revista “Márgenes Agropecuario” un jugoso artículo donde, en base a información del Banco Central, explicó la importancia del campo como generador de divisas en todos estos años.
De allí se desprende que hay subsectores en la economía que producen más dólares que los que gastan y son superavitarios y otros al contrario tienen un balance de divisas negativo.
Hay una cifra impactante: en el período 2003-2010 el subsector de los granos (especialmente el complejo sojero) ha sido superavitario en alrededor de 120.000 millones de dólares.
Los otros subsectores superavitarios no llegan juntos a igualar la mitad de esa suma: alimentos, bebidas y tabaco aportaron divisas en más por 34.000 millones de dólares, en tanto que petróleo y derivados lo hicieron por 19.000 millones.
¿El país ha capitalizado todos los “yuyodólares”? Como contracara del auge agrícola hay una cifra inquietante: el país arranca el cuarto año consecutivo con pérdida de capitales
Se trata de unos 50.100 millones de dólares en total. Una cifra igualmente impactante (piénsese que la deuda externa del país está calculada en 127.000 millones de dólares).
Para el economista Carlos Melconian en cualquier otro momento de la historia, una fuga de esta magnitud hubiera puesto al país en terapia intensiva.
“Se cumple un ciclo de cuatro años de salida récord de capitales, sin crisis, pero a la vez de tremenda pérdida de oportunidades. Se fugaron más dólares que en la época de Martínez de Hoz y 3 veces más que en la de Fernando de la Rúa”, afirmó.
Por lo visto la fábrica de dólares que es el campo también financia la fuga de divisas.

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Una sociedad que finge importarle la educación

Más del 50% de los adolescentes argentinos no comprende lo que lee. ¿A quién o quiénes conmueve este dato, en un país donde se ensalzan las virtudes de la educación?
Que los adolescentes tienen series dificultades en comprensión de textos es algo que casi no necesita medición. Basta con ir a cualquier secundario o los primeros años de la universidad para corroborarlo.
Como sea, vale el dato producido por el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA) que realiza exámenes internacionales cada tres años.
De 75 países evaluados, Argentina se ubica en la posición 58, tras la prueba 2009 que se focalizó especialmente en la comprensión lectora. Ahora nos enteramos también por PISA, que los estudiantes argentinos no sólo tienen problemas de lectoescritura.
Un reciente estudio de esa entidad revela que los estudiantes secundarios argentinos encabezan el ranking de indisciplina y desatención dentro del aula.
A todo esto, más de la mitad de los chicos argentinos no tienen PC ni libros en su casa, considerados activos importantes en el proceso de formación, según la última medición de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En tanto, hay estadísticas que revelan que muchas familias sacan a sus hijos de la escuela pública porque no se cumplen los 180 días de clase, fijados por ley.
¿Cuál es la utopía de los argentinos? ¿Ganar la copa América, que se organiza con toda la pompa oficial en junio, o declararle la guerra a la ignorancia, que hipoteca el futuro de millones de jóvenes?
Democracia quiere decir, literalmente, poder del pueblo, soberanía y mando del “demos”. ¿Qué pasa si este demos sabe poco y nada, si su cultura es paupérrima?
La pregunta hace a la esencia del sistema. La calidad política de un país –saber en definitiva si está bien gobernado- es directamente proporcional a cómo piensan y valoran sus habitantes.
La idea de Sarmiento de “educar al soberano” tenía que ver con el hecho de que formar ciudadanos es formar gobernantes, además de que la educación es el único baluarte contra la tiranía política.
Los pueblos incultos terminan perdiendo la libertad, nos vino a decir hace poco el filósofo español Fernando Savater. “Si alguien es ignorante no puede ser libre.Tenéis que liberaros por vía del conocimiento, de la razón, de la palabra”, exhortó a los chiquilines de una escuela del conurbano.
Manuel Álvarez-Tronge, presidente del Proyecto Educar 2050, escribió hace poco un artículo donde sostiene que la falta de educación es el más grave problema del país.
“Mala calidad educativa es un sinónimo de ignorancia, y la ignorancia es el principal enemigo de la libertad y de la inclusión social. Carecer de conocimientos es el mejor caldo de cultivo para que crezca la pobreza, la desnutrición y la inseguridad, y hasta es el camino para perder la democracia”, razonó.
El autor se mostró perplejo ante el hecho de que en Argentina se reclama por infinidad de temas, “pero el reclamo por la madre de todos nuestros inconvenientes, la falta de buena educación, no existe”.
Pero éste no es un problema de un gobierno, sino de la sociedad civil. Y si bien es cierto que los chicos de menores recursos carecen del entorno cultural adecuado, el empobrecimiento de ideas es transversal, llega a todas las capas sociales.
Al respecto, algunos autores postulan el “embrutecimiento” de las clases medias argentinas, cuyo estatus alguna vez estuvo centrado en la cultura, pero que en las últimas décadas canjearon libros por electrodomésticos.
El diagnóstico central del libro “La tragedia educativa”, escrito en 1999 por Guillermo Jaim Etcheverry, sigue vigente. Todos fingen, simulan que la educación es prioridad, que no hay otro esfuerzo colectivo más importante.
Pero la acción concreta de la sociedad argentina va en sentido inverso. “Es más, vivimos rodeados de señales que demuestran de manera inequívoca que la nuestra es una sociedad contra el conocimiento”, subraya el autor.

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La clase media y el mito de la casa propia

Lo ficcional y quimérico, el ideal deseado pero inalcanzable, es una de las acepciones del mito. En eso se ha convertido, justamente, la vivienda para la clase media.
Hoy, seis de cada diez argentinos de ese estrato social desea tener una casa propia. Sin embargo, sólo un 17% está en condiciones (seguras y probables) de afrontar una compra inmobiliaria debido a las actuales reglas del mercado.
Eso abonan las estadísticas de la consultora D’Alessio, presentadas en un encuentro organizado por la Asociación Empresarios de Vivienda (AEV). Los precios excesivamente altos de las propiedades y el desfase de los ingresos de los compradores y las cuotas de los créditos hipotecarios son algunas de las razones del fenómeno, según el trabajo.
En tanto, días atrás, la consultora KPMG informó que, debido a la inflación, una familia que cuente con ingresos de 15.000 pesos mensuales no podría comprarse una casa o departamento ni aún con un crédito hipotecario a 100 años.
“Asumiendo un valor para el metro cuadrado de 1.740 dólares, un tipo de cambio de 4 pesos por dólar y una cobertura del 70%, ni siquiera un préstamo a 100 años permitiría que un sueldo familiar de 15.000 pesos mensuales alcance el porcentaje de 35% de afectación del ingreso, dado el costo financiero total de 20% anual”, explicó la consultora.
En otros términos, el informe privado advierte que una tasa de inflación como la actual, aplicada a las cuotas de un préstamo hipotecario, impide mantener la relación de hasta un 35% sobre el total del ingreso familiar por más que se amplíen al máximo los plazos de amortización.
“Esta es, podría denominarse, la restricción ‘estructural’ de la ausencia de crédito hipotecario”, señala el reporte de KPMG. La consultora agrega que “en ausencia de condiciones de certidumbre, la enorme brecha entre el precio de los inmuebles y los salarios resulta en un factor perjudicial para el desarrollo del crédito hipotecario en Argentina, mientras que esa misma brecha (incluso más amplia) era un importante motivo dinamizador del crédito en otras regiones antes de la crisis”.
En suma, la clave del problema habitacional de la clase media está en su escasa capacidad de ahorro, que fue en algún momento del pasado la base económica de su cultura.
La idea de postergar consumos presentes, para constituir un fondo con el cual acceder a la casa propia o comprar bienes cuya renta constituyera una ayuda en la vejez, fue la clave distintiva de esa clase social.
Históricamente, el proyecto personal o familiar de llegar al “techo propio” funcionó como un estímulo para guardar algún billete todos los meses. Pero desde hace tiempo esta meta se hizo inalcanzable para el grueso de los asalariados.
Dos de cada tres hogares argentinos gastan todo el sueldo en el mes, según la consultora Poliarquía. La llamada clase media, así, es incapaz de acumular excedentes, algo que era su signo distintivo.
Se suele escamotear que hay una correlación estrecha entre la mediocre capacidad adquisitiva de los hogares y el déficit habitacional. En este contexto, la clase media aparece como la más afectada. Y esto porque el Estado históricamente ha venido financiando a los más desfavorecidos, a través de las llamadas “viviendas sociales”.
Pero ahora son los sectores medios asalariados, empobrecidos, los que pujan por estos planes estatales. Mientras ésta es la nueva clientela de los organismos públicos de vivienda (como el IAPV), los que están un escalón social más abajo, sin tener adónde vivir, a veces optan por convertirse en intrusos (asentamientos).

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