La apuesta por la estabilidad monetaria

El gobierno de Javier Milei ha instrumentado un fuerte ajuste fiscal y monetario con el objetivo de reducir drásticamente la inflación, que muestra signos de ceder ante la menor creación de dinero.

La contrapartida del ajuste macroeconómico es la profundización de la recesión en la que está metida la Argentina desde hace décadas. Es decir, si bien el dólar está calmo y la inflación en baja, la producción atraviesa una fuerte caída que impacta en el empleo y en los salarios.

En este contexto, el comportamiento de los distintos sectores económicos no sería homogéneo.

Este año habrá sectores en los que se espera una trayectoria en forma de “V”, como suelen decir los economistas. Es decir, tocarán un piso en el primer semestre y luego comenzarán a recuperarse rápidamente en el segundo.

Aquí figura el sector agropecuario, el cual se vislumbra como el mayor impulsor. La minería, la energía y la economía del conocimiento, son los otros rubros que impulsarían el nivel de actividad económica.

En cambio, otros sectores -sobre todo los vinculados al mercado interno- se perfilan como los más perjudicados por la coyuntura, con recuperación lenta (trayectoria en forma de “L”). Es el caso del consumo masivo (comercio), la venta de autos, la construcción y la industria.

Según el gobierno, el país no tiene ninguna chance de salir del proceso de “estanflación” en que está desde hace por lo menos 12 años, si no arregla la macroeconomía.

Ello incluye dólar competitivo para las exportaciones, cambios en los precios relativos, reducción drástica del déficit fiscal y menor emisión monetaria. En sus primeros 60 días, el gobierno de Javier Milei aplicó en este sentido severas medidas fiscales y monetarias.

El oficialismo muestra como éxito del programa la siguiente secuencia: tras reducir un 30% la base monetaria y un 37% el gasto del gobierno central, los precios muestran señales de relajación, al tiempo que se verifican alzas de los bonos argentinos y caída del riesgo país.

“El déficit fiscal y la lucha contra la alta presión fiscal son para nosotros la madre de todas las batallas, son la causa de la pobreza y del estancamiento de los últimos 100 años”, dijo Milei al dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último desde el Congreso de la Nación.

En otra parte, añadió: “Cortamos con la emisión monetaria que es la única y probada causa de la inflación”. De esta manera, el presidente ratificó su doctrina monetarista según la cual la emisión desaforada de papel moneda, para cubrir el déficit fiscal creciente, explica la inflación.

La teoría monetaria, que suscribe Milei, tuvo representantes conspicuos ya a finales del siglo XVIII, en autores como John Locke, John Law, Richard Cantillon y David Hume.

Este último, exponente del empirismo inglés, planteó el supuesto de que todo el mundo tuviese en un mismo día el doble de dinero con que contaba el día anterior.

Como los bienes que se producen no se han duplicado, el resultado es que subirán los precios, en una proporción no muy lejana al doble, con algunas grandes diferencias aquí y allá. Pero los bienes serán prácticamente los mismos.

Con este sencillo experimento mental, Hume aparece como uno de los primeros exponentes de la “teoría cuantitativa del dinero”.

Más recientemente, Milton Friedman (1912-2016) dijo algo parecido, aunque utilizó la imagen de un helicóptero lanzando billetes desde lo alto; el efecto sería el mismo: aumentar los precios sin influir en la producción y, por tanto, sin aumentar la riqueza.

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Cuba tiene su ajsute, que lleva muchos años

Símbolo inequívoco del modelo socialista en América Latina, Cuba viene atravesando una contracción económica que lleva varios años, una experiencia traumática que ha disparado protestas sociales en las calles.

La crisis afecta la producción de alimentos, la disponibilidad de medicinas y va acompañada también de una altísima inflación de 3 dígitos.

El peso se deprecia constantemente, mientras el colapso del sistema energético genera apagones. La economía cubana no tiene un aliado internacional que permita un alivio financiero, como cuando existía la URSS.

Por otro lado, el régimen comunista debe lidiar con una emigración masiva y protestas sociales en la calle. Esgrime a propósito un viejo argumento: el sabotaje a la revolución por parte de sus enemigos internos y externos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció en su cuenta de Twitter que “varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos”.

Pero inmediatamente acusó a los enemigos de la Revolución de intentar aprovechar este contexto con fines desestabilizadores. Le echó la culpa a Estados Unidos, por el bloqueo comercial a la isla.

“En medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación”, añadió Díaz-Canel.

Como respuesta, Washington instó al gobierno comunista a “respetar los derechos de los manifestantes y atender las necesidades legítimas del pueblo cubano”.

La economía de la isla nunca ha sido floreciente, pero se ha agravado desde la pandemia de Covid-19, con una gran escasez de alimentos, combustible y medicinas que ha avivado un éxodo sin precedentes con más de 400.000 personas emigrando a Estados Unidos.

El régimen ha tenido que programar apagones de energía por falta de combustible y por las averías en las obsoletas centrales eléctricas.

La desesperante situación económica y la pérdida de calidad de vida han azuzado protestas extremadamente inusuales en Cuba, donde el régimen practica un aceitado mecanismo de represión contra todo tipo de disidencia.

El dato novedoso es que las protestas han surgido con más frecuencia en los últimos años a medida que la crisis económica sacude al país. En 2021 se registraron las más grandes desde la revolución de Fidel Castro de 1959.

Grupos de Derechos Humanos, la Unión Europea y Estados Unidos han criticado la respuesta gubernamental a las manifestaciones masivas más recientes, por considerarlas duras y represivas.

Según explica Pavel Vidal, profesor de economía en la Universidad Javeriana de Cali, la situación que atraviesa la isla en la actualidad tiene similitudes con los primeros años de la década de 1990, cuando tras la caída de la URSS, los cubanos vivieron los momentos más duros que les haya tocado desde el triunfo de la Revolución en 1959, conocido como el “Periodo Especial”.

Otros expertos aseguran que la crisis actual es “mucho peor” que la de ese período. Eso dice Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group y vicepresidente del centro de estudios Cuba siglo XXI.

“30 años después, esto se ha convertido en una crisis multisistémica. Es una crisis política, social, sanitaria, económica. Y todos esos factores de forma conjunta han generado esta tormenta que ahora mismo tú la ves en esta explosión social que está ocurriendo en diferentes lugares del país”, agrega en referencia a las protestas que se han venido registrando en la isla.

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La clase media argentina sólo resiste

Brutalmente devaluada en sus ingresos, por un proceso inflacionario que viene de lejos, la clase media argentina se resiste a desaparecer, aferrándose a aspiraciones de progreso en un plano cultural.

Portador de ciertos valores que definen la idiosincrasia de la argentinidad, este grupo no es exclusivamente un lugar en la pirámide social (históricamente era el 45% de las familias) ni tampoco se circunscribe a una mera tenencia de bienes.

Si estos fuesen los únicos criterios para definir a este segmento social que singularizó alguna vez a la Argentina en el concierto de los países latinoamericanos, estaríamos hablando en realidad del sistemático exterminio de una clase social.

En efecto, la caída de ingresos y salarios, y la elevada inflación provocan que ese segmento de la sociedad en buena medida se haya transformado en una suerte de “clase media empobrecida” o más coloquialmente “venida a menos”.

El ingreso mínimo necesario para ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se situó en enero de 2024 en $888.116, un ingreso al que llegan muy pocas familias del país, y que acaso sirve de referencia para graficar la caída económica de los sectores medios.

En realidad, se diría que, si hubiese que definir a este sector social a partir de sus ingresos actuales, habría que decir que su achique es astronómico, pero no está ahí sin embargo lo decisivo de su peculiaridad.

Es que la clase media es propiamente “una gran construcción simbólica, un lugar de llegada y de pertenencia. Una fuente de identidad, una aspiración, un sueño, una ilusión, una razón de ser”.

Eso dice Guillermo Oliveto, director de la Consultora W, que tiene un ojo experto para capturar lo que le pasa a ese segmento social que resume como el “argentinean dream”, aunque bastante más modesto que el famoso “american dream” (sueño americano).

La clase media, dice Oliveto, es una “historia”, al señalar que aquí (al igual que en el mundo), fue y es un fenómeno “de abajo hacia arriba”, una emergencia, una fuerza creciente y ascendente, que modificó a la Argentina de raíz.

“Fueron los hijos, los nietos y los bisnietos de esos inmigrantes que llegaron ‘con una mano atrás y otra adelante’ los que en base al trabajo y al esfuerzo lograron conquistar un inmenso territorio físico (la octava superficie del mundo) que estaba prácticamente vacío y virgen: en 1850 la población de nuestro país era de apenas 1,1 millón de habitantes, y en 1930 eran 11,9 millones de habitantes. En simultáneo, moldearon un territorio simbólico que les daría contención y pertenencia”, describe el especialista.

En opinión de Oliveto, hoy la clase media argentina se aferra a un último gran proyecto: “resistir”. Es una resistencia cultural esperando mejores tiempos, aunque desde hace mucho haya renunciado a ahorrar para acceder a la casa propia, al auto o a los viajes.

De hecho, muchas familias con hábitos y costumbres de clase media han venido cayendo el último tiempo en la pirámide social y hoy apenas subsisten apelando a consumos básicos, incluso de subsistencia.

En muchos grupos familiares, de aspiraciones de clase media, se ha apoderado la convicción de que hay que cuidar la plata porque no alcanza para llegar a fin de mes.

La caída de los ingresos incide en los patrones de consumo. Según algunos estudios, la mayoría de los hogares de los sectores medios se vuelca a las “segunda marcas”, compran menos carne y cortes económicos (ya no alcanza para el tradicional “asadito de los domingos”), hacen muchas menos salidas recreativas y han abandonado el auto como transporte habitual.

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El Estado como agencia de colocaciones

Un rasgo característico de la Argentina, y que refleja su subdesarrollo, es la primacía del Estado como empleador.

A falta de creación de empleo genuino, por parte de la economía privada, los gobiernos echan mano a los recursos públicos para meter gente en la administración.

Mediante este expediente se logra “disfrazar” el desempleo real, dibujándose así los índices del Indec, generando la equivoca impresión de que se “está generando empleo”.

La carga del Estado, que ha sido agrandado más de la cuenta, a costa del desarrollo de la economía privada -que paga impuestos desorbitantes para mantener la burocracia-, salta a la vista con las crisis sistémicas.

Crisis como la que está viviendo ahora el Estado argentino en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) cuyos déficits fiscales, propiciados justamente por la empleomanía estatal, se han venido financiando con emisión caótica de pesos, desatando una inflación descontrolada, que destruye todo a su paso.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tras pasar revista a la situación que recibió de la gestión peronista de Gustavo Bordet, dijo que revisará las designaciones “despóticas” en el Estado provincial en el último año, que involucra a amigos del poder.

En este sentido, anticipó que enviará un proyecto de ley a través del cual propone autolimitar designaciones en la planta permanente del Estado durante el último año de gestión.

En tanto, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), aseguran que la gestión Frigerio heredó casi 92.000 empleados públicos, una plantilla objetivamente sobredimensionada, sobre todo si se compara Entre Ríos con sus socias de la Región Centro (provincias con las cuales hay semejanzas sociales y productivas).

En efecto, a junio de 2023, el Estado de Entre Ríos tenía 64 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, en tanto que esa ratio era de 40/1.000 para Santa Fe y 33/1.000 para la provincia de Córdoba.

Esto significa que la provincia se encuentra con un nivel de empleo público superior al de sus pares, en términos relativos, según el IIES. Al respecto, se calcula que Entre Ríos tendría que reducir su planta en 34.155 agentes para equipararse con Santa Fe y tener 44.117 empleados menos para igualarse con Córdoba.

A nivel local, los gastos en materia de contrataciones habrían llegado a niveles insospechados estos últimos años, a juzgar por los dichos de los nuevos gobernantes locales, quienes todavía no pueden conocer exactamente la dimensión de este rubro.

En declaraciones públicas, el intendente Davico se quejó: “Por ejemplo, en noviembre se pagaron 42.934 horas extras, que es el equivalente a más de 115 millones de pesos; y una planta de personal que tiene tantos vericuetos que el número real de trabajadores es indescifrable: planta permanente, contratos escalafonados, monto fijo, locaciones de servicios, subsidiados, pasantes, monotributistas y más 60 cooperativas de trabajo”.

La sociedad argentina se ha hecho adicta al gasto estatal, de suerte que 6 de cada 10 argentinos, en condiciones de trabajar, prefieren el empleo público, según un estudio de la Universidad Austral.

“A la hora de elegir entre un empleo público y uno privado en igualdad de condiciones, el 62% de los encuestados optó por el público, mientras que el 34% optaría por el empleo privado”, es la conclusión del relevamiento.

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Los efectos destructivos múltiples de la inflación

Argentina es uno de los pocos países en el mundo que exhibe una temible inflación. Se trata de un problema económico de larga data que tiene efectos perversos desde el punto de vista moral, social y jurídico.

Esta enfermedad del dinero altera las bases mismas de la sociedad, actuando como un cáncer que destruye el tejido de la convivencia, acentuando de un modo insoportable la injusticia.

Los tratadistas advierten por ejemplo que la inflación impulsa a todos a una continua lucha en defensa de sus medios de existencia, degradando las relaciones sociales y aproximándolas a la “ley de la jungla”.

En un estado de inflación crónica nadie se preocupa por producir porque la degradación del signo monetario destruye la base de la creación de riqueza, como el ahorro y la inversión.

En su lugar prosperan el especulador, el agiotista, todos aquellos agentes económicos que se benefician de la coyuntura, obteniendo grandes ganancias arbitrando negocios en el mercado negro.

Los quebrantos patrimoniales son de tal magnitud que nada puede compararse con la inflación, salvo los destrozos producidos por las guerras o los grandes trastornos como las revoluciones.

De hecho, la Argentina padece hoy una destrucción económica como si hubiese salido de un largo conflicto bélico (ni Ucrania, país en guerra, tiene una tasa de inflación como la nuestra).

La devaluación no es sólo de las propiedades y los bienes sino también del trabajo, haciendo que las personas vean como se deprecia todo el tiempo su esfuerzo y aquello que poseen. En un punto, si se piensa bien, la inflación devalúa a la propia persona que vale socialmente menos cuanto menos vale el dinero que posee.

Como ha ocurrido en otros tiempos y países, la inflación socaba los fundamentos del derecho de propiedad, piedra de toque del orden jurídico, al reducir las posibilidades de acceder a ella por el trabajo y el ahorro.

Pero especialmente afecta a todas las funciones de la moneda, que con ella resulta envilecida. Por eso el peso argentino, que es rechazado por la mayoría de la población, no cumple con dos atributos básicos de todo signo monetario: ser reserva de valor y ser unidad de cuenta (funciones que en estas pampas sí cumple el dólar).

No hay sociedad capitalista sin el ahorro, sobre el cual se asienta al proceso inversor capaz de generar riqueza. La inflación castiga a quienes practican legalmente el ahorro. Y en todo caso, hace que el capital acumulado huya al mercado negro (se acaparan metales o monedas extranjeras) o salga afuera del país, financiando el desarrollo de países extranjeros.

Desde el punto de vista de la justicia, la inflación afecta a la distribución de las cargas comunes, a la del goce desigual de los bienes en la comunidad y al aspecto intertemporal de la capitalización o descapitalización nacional por las diversas generaciones que se suceden en un mismo país.

La inflación es particularmente dañina con los más desfavorecidos, que no tienen modo de defenderse contra la suba de los precios. En el mundo, donde hace tiempo se ha derrotado a la inflación, se ha comprendido que ésta golpea impiadosamente a los hogares con menores ingresos.

En todo estado inflacionario la distribución no es equitativa, pues empobrece sensiblemente a la mayoría para enriquecer injustamente a determinados favorecidos de la situación (quienes pueden cubrirse y ganar con la subida de los precios).

Varios tratadistas advierten que la inflación es un arma letal que alienta el desorden social, la envidia y el odio de clases.

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Cómo es que el Estado está licuando sus gastos

La mayoría de los economistas sostiene que el gobierno de Javier Milei empezó su gestión económica recurriendo a un viejo (y doloroso) truco: utilizar la inflación y la devaluación para licuar los gastos del Estado.

Es un viejo truco porque desde hace por lo menos 80 años todos los gobiernos -sean militares o democráticos, peronistas o radicales- han apelado a resolver el infinanciable déficit fiscal ajustando abruptamente el tipo de cambio (mecanismo que es esencialmente inflacionario).

Cuando el Estado está virtualmente quebrado, porque sus gastos superan largamente sus ingresos -circunstancia en la cual se cubren baches fiscales inyectando billetes sin respaldo que emite el Banco Central- el gobierno suele devaluar su moneda.

Como el Estado maneja su economía en relación con sus reservas genuinas nominadas en dólares, una devaluación hace que el pasivo en pesos disminuya su valor de acuerdo al ajuste del tipo de cambio, al tiempo que por la vía de las exportaciones se hace de más dólares, ya que los exportadores encuentran estímulo para vender afuera (reciben más pesos por sus ventas mientras el fisco se queda con los dólares).

Por lo pronto, todos los gastos y salarios públicos sufren una pérdida real del poder adquisitivo en moneda fuerte (en relación con el dólar o con las reservas en oro).

De golpe, el gobierno empieza a ganar más en dólares mientras paga menos en pesos, esto es sus gastos de funcionamiento, sus prestaciones laborales y toda la deuda nominada en moneda nacional.

Así como con una devaluación todos los ahorros en pesos pierden una parte de su valor real, en la economía estatal ocurre un efecto idéntico: los gastos en pesos disminuyen según la tasa de devaluación.

Mediante este expediente monetario (doloroso porque se produce un “efecto pobreza” en la mayoría de la población, que se maneja con pesos), el Estado logra disminuir drásticamente sus gastos en pesos medidos en dólares.

Desde el punto de vista macroeconómico, con la devaluación la masa monetaria existente en el mercado se equilibra un poco o mucho en relación con las reservas duras del Estado, es decir con su caja en dólares.

Todas las experiencias extraídas del pasado argentino indican que la pérdida del poder adquisitivo en pesos, por causa de la inflación y la devaluación, es la que mejor absorbe la sociedad argentina, que es reacia a achicar sus gastos mediante recortes nominales de salario o suba de impuestos, visualizadas como “ajustes” intolerables.

De esta manera, resulta que Milei ha resuelto cambiar la “motosierra por la licuadora”, dicen los economistas al explicar que en esta fase de su programa económico el presidente libertario apeló sobre todo a la devaluación monetaria para achicar el déficit fiscal.

Licuar significa convertir en líquido algo que es sólido. En economía, la licuación implica reducir el peso de algo, de modo que sea más digerible, más pasable, más liviano.

Hay dos maneras directas de licuar desde el gobierno: una es haciendo que la inflación crezca por encima de lo que suben los gastos, con lo cual el peso de este se relativiza; y la otra, más directa y brutal, es devaluando.

Eso hace que, en términos de dólares, todos los gastos que están en pesos se achiquen: se vuelven más líquidos, más digeribles.

Paralelamente el ministro Luis Caputo está logrando que algo de gran relevancia quede más licuado: las célebres Leliq, esos instrumentos de deuda en pesos del Banco Central, cuyo “desarme” permitiría quitar el “cepo” a los dólares en un futuro próximo.

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Inquietante escenario ante una inflación disparada

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 12,8% en noviembre, la inflación de diciembre, tras la última devaluación, se encamina rumbo al 30%.

La Argentina vive un proceso de aceleración inflacionaria que mete miedo. El gobierno de Alberto Fernández se despidió, en noviembre, con un índice del 12,8%.

De esta manera, en la medición interanual, los precios se incrementaron un 160,9%. Superó todos los registros de los últimos cuatro años. Los alimentos subieron un 15,7%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con el último registro de noviembre, el gobierno peronista alcanzó una inflación acumulada del 931% en los cuatro años de gestión (2019-2023).

“La gestión de Alberto Fernández culminó con un 931% de Inflación incluyendo: precios pisados, dólar atrasado, emisión récord, y déficit descontrolado”, explicó el economista Salvador Vitelli.

Y diciembre comenzó con fuertes subas. El economista Ramiro Castiñeira habla de “massazo”, al señalar que todo lo que fue el “plan platita” del ministro de Economía saliente, Sergio Massa, ya llegó a los precios.

Al respecto, alertó que el país vivirá un proceso inflacionario como en la década del ‘70. “Se viene una remake de 1975, lo que fue el ‘Rodrigazo’: la liberación de los precios. Después, Perón e Isabelita pisaron todo. Los desafíos de Milei son mucho más grandes”, afirmó.

Se anticipan meses de “sinceramientos” de precios, luego de una política económica que emitió dinero a gran escala y mantuvo los precios controlados y subsidiados por el gobierno (incluyendo el dólar).

El gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre, acaba de anunciar un paquete de medidas de urgencia para reducir el déficit fiscal y evitar, según él, lo peor.

“Estamos ante la peor herencia de nuestra historia, precios reprimidos y deudas por más de 400.000 millones de dólares. Si seguimos como estamos vamos inevitablemente a una hiperinflación. Podemos llegar a niveles de 15.000% anual, que la leche pase de 400 pesos el litro a 60.000 pesos en un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe”, dijo el Ministro de Economía Luis Caputo en su mensaje televisivo.

Pero entre los anuncios figuró una impactante devaluación del peso en el mercado oficial, de suerte que el dólar, que costaba hasta el martes pasado $400, pasó a valer $800.

Luego de esta fuerte devaluación (50%), varias empresas líderes, y también pymes, de la alimentación y de otros rubros expuestos al precio del dólar, suspendieron sus ventas y también anunciaron fuertes aumentos en los precios.

El propio ministro Caputo anticipó que con las medidas de corrección implementadas el martes, Argentina estará “peor que antes” en los próximos meses, un sendero doloroso que será inevitable recorrer, dijo, para sentar las bases de la estabilización.

Lo cierto es que la inflación de diciembre se encamina a un nivel desconocido en las últimas décadas: de acuerdo al último relevamiento de la consultora Eco Go, la inflación de los alimentos cerraría en torno del 28%.

Por otra parte, ha sido impactante la suba en combustibles: casi 40% tras la devaluación. Es la segunda suba en menos de cinco días, lo que da un incremento del 63%. En total, las naftas subieron más de 230% en el año.

Algo parecido ocurre con la carne. El precio del ganado en pie en Cañuelas registró en las últimas horas subas en los precios de hasta 50%, lo que ya repercute en las carnicerías y supermercados.

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La inflación que se acelera y el ajuste que se viene

Luego del balotaje presidencial, las empresas que elaboran productos de la canasta básica enviaron nuevas listas de precios con aumentos de entre 40% y 50%.

Eso significa que se están cayendo los acuerdos de precios obtenidos meses atrás por el actual ministro Sergio Massa como estrategia electoral para su candidatura. El comportamiento de los formadores de precios, así, se ajusta a los nuevos tiempos políticos.

También los mercados financieros están bajo estrés, con el dólar blue en ascenso, por encima de $1.000. Y en medio de la certeza de una devaluación inminente del dólar oficial, por la insostenible brecha cambiaria que existe actualmente.

Fue el propio presidente electo -en diálogo con la prensa- quien se encargó de hablar por estas horas de la delicada situación económica que hereda tras cuatro años de gobierno peronista.

“La Argentina tiene un claro riesgo de hiperinflación”, advirtió tras señalar que habrá inflación alta en los próximos meses, dado que el país viene con un rígido esquema de control de precios que escondió inflación bajo la alfombra estos años.

Esa inflación reprimida mediante el procedimiento de pisar precios esenciales de la economía (combustibles, energía, tarifas, alimentos, y demás), tendrá que ir corrigiéndose (o sincerándose), lo que generará mayor inflación.

“La inflación viene alta y hay problemas de inflación reprimida. El gobierno puso todo en un freezer hasta la elección para tratar de maximizar los votos. Lo lógico es que haya mucha inflación”, detalló Milei ante la prensa. “Vamos a convivir varios meses con inflación elevada”, advirtió.

Respecto a la posibilidad de una hiperinflación, Milei advirtió la amenaza de la “bola de Leliqs” que armó estos años el gobierno de Alberto Fernández, que equivale a 3 bases monetarias, y que aparece como el principal escollo para salir del “cepo” e ir hacía un régimen cambiario unificado y libre.

El fenómeno monetario se denomina “déficit cuasi fiscal”, y es consecuencia de la política de financiar con emisión monetaria el excesivo gasto estatal que sobrepasa por mucho a los ingresos.

Por este mecanismo, el Banco Central (BCRA) lanza al mercado ingentes cantidades de pesos, pero como ese empapelamiento agrava aún más la inflación en curso, recoge parte de esos pesos que ha liberado mediante la colocación masiva de títulos públicos (Leliqs).

Esta deuda de corto plazo tiende a crecer en forma geométrica, ya que se ajusta por una tasa de interés estrafalaria, propia de un contexto de alta inflación. El desafío es cómo desarmar esta “bomba de tiempo” latente, evitando que los tenedores de las Leliqs, al recibir los pesos cuando son rescatadas por el gobierno, se pasen masivamente a comprar dólares. 

“No podés abrir el cepo de un día al otro sin corregir las Leliqs, porque el cambio de portafolio deriva en una hiper. Es fundamental el tema de las Leliqs, luego desarmar el cepo y luego se puede mejorar la economía”, reflexionó el presidente electo, que es economista.

Milei trazó un cuadro inquietante para el primer tramo de su gestión, dirigido a corregir una economía desbalanceada. “Es probable que tengamos que soportar seis meses duros”, anticipó.

Y añadió: “El ajuste va a venir de todas maneras y puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y que el ajuste sea monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza, o bien hacer un ajuste que lo pague la política”.

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Precios distorsionados o el valor ridículo de las cosas

Es el otro problema bajo la alfombra de la economía argentina: la “distorsión de precios relativos”, según la expresión de los economistas.

En países con alta inflación se suele perder referencia sobre el valor de las cosas, no se sabe qué es caro y qué barato, de suerte que a veces resultan desopilantes algunas comparaciones.

Por ejemplo, hay zapatillas de marca que cuestan hasta $130.000. Es decir, el valor de este calzado equivale al salario mínimo, vital y móvil de octubre de este año, establecido en $132.000.

A mismo tiempo casi emparda los $148.000 de ingresos que se necesitan para no ser considerado indigente.

Por otra parte, las zapatillas representan el valor del alquiler de un departamento con un dormitorio en Gualeguaychú, que oscila entre $100.000 y $150.000.

En otro orden, una heladera con freezer está en $326.000, un valor que supera los $320.000 del salario promedio de un empleo privado registrado y bastante por encima del salario inicial docente a nivel nacional, establecido en $220.000.

Con ese salario de la actividad privada ($320.000) apenas alcanza para comprar una bicicleta para adulto ($200.000) y pagar el alquiler de un departamentito.

En tanto, el trabajador de la actividad privada, aunque no le alcance para comprar una heladera con freezer, sí podrá adquirir tres celulares gama baja/media, que están entre $70.000 y $120.000.

Y no hay que perder de vista que ese salario emparda el costo de la Canasta Básica Total (sin alquiler), que marca la línea de pobreza.

Otra comparación que atormenta a la clase media argentina: ¿cuántos salarios pesificados se necesitan para comprar una casa o un auto, bienes dolarizados?

Por ejemplo, para construir una vivienda de 100 m² se necesitan ahorrar por completo 12 años de salarios. O, 25 años si se ahorra el 50% del ingreso.

A la relación entre el precio de un bien con respecto a otro bien se le llama en la literatura económica “precio relativo”.

El gran problema de la inflación es que los precios de los distintos bienes no aumentan todos de la misma manera sino que algunos aumentan más que otros, produciéndose una distorsión de esos precios.

De hecho, los precios relativos en la Argentina están desequilibrados con respecto a los otros países de la región, fenómeno que se echa de ver con el arribo masivo de compradores desde el Uruguay.

Además de la alta inflación, esta situación es producida por una economía signada por controles y regulaciones de todo tipo. Al punto que en Argentina se distinguen varios precios: los “no regulados”, los “protegidos” y los “regulados” (entre estos últimos los mentados Precios Justos).

Es decir, para tener una “distorsión”, el gobierno tiene que estar pisando un precio o el tipo de cambio, o un sector tiene que verse impactado en su dinámica, o ser afectado por regulaciones o impuestos.

En estas pampas, una de las medidas más populares, en un escenario de alta inflación, es “pisar” precios de la economía como las tarifas del transporte y la energía o los combustibles.

Esto genera una “inflación reprimida” que tiene dos efectos dañinos. Por un lado, al retener aumentos de precios por debajo de la inflación, no se generan incentivos para desarrollar dicho sector (se cae el servicio o se genera desabastecimiento).

Por otro, este atraso de precios esenciales de la economía genera una “olla” a presión que obliga a posteriores correcciones al alza, que pulverizan el poder adquisitivo de los ingresos.

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Pese a todos los controles, la inflación sigue desatada

El 12,7% del IPC de septiembre demuestra que el gobierno no puede controlar la escalada de los precios, que acumularon una suba de 138% en los últimos doce meses.

Se observa así un deterioro imparable del poder adquisitivo de la población, a pesar de los cepos al dólar, el programa Precios Justos y los congelamientos tarifarios, controles que encima generan una inflación reprimida que actúa como una olla a presión.

Tras la devaluación instrumentada por el ministro-candidato Sergio Massa tras las PASO de agosto, de casi 22% en un solo día, los incrementos de precios no han hecho más que acelerarse.

En agosto la inflación fue de 12,4% y en septiembre se situó en 12,7%, según el INDEC, lo que implica que en sólo dos meses los precios subieron una enormidad: 25,1%.

De esta manera, la inflación interanual es del 138,3% y la acumulada en los primeros nueve meses del año es del 103,2%.

Pero el dato más inquietante del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre es que otra vez el rubro alimentos y bebidas se situó por encima del índice general, aumentando un 14,3%. Esto impacta duramente en el bolsillo de los que menos tienen, que destinan el grueso de su presupuesto a la comida (una familia tipo necesitó $185.000 para cubrir sus necesidades alimentarias).

En la semana ocurrió otra corrida contra el peso, marcando que a la crítica situación socioeconómica se suma una gran fragilidad financiera.

El salto del tipo de cambio libre en los últimos días -llegó a superar los $1.000 y luego bajó- produjo remarcaciones e interrupción de la actividad de varios rubros por la volatilidad del dólar.

Dada la frágil situación económica se viene discutiendo si la Argentina se encamina a un proceso hiperinflacionario, un tema de divide aguas entre los especialistas respecto a la definición de este fenómeno.

Una corriente de opinión postula que para llegar a la hiper la tasa de inflación mensual debería situarse como mínimo en 50%, en cuyo caso el país estaría hoy lejos de ese registro.

Sin embargo, para otros autores Argentina ya está inmersa en un proceso hiperinflacionario. Por ejemplo, el país encaja en la definición que da el Premio Nobel de Economía, Thomas Sargent, para quien “la hiperinflación es un fenómeno en el que el nivel general de precios en una economía aumenta rápidamente y de manera sostenida, lo que lleva a una erosión significativa del poder adquisitivo de la moneda”.

En Argentina habría síntomas de hiperinflación según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con sede en Londres, entidad privada que elabora estándares técnicos contables.

Esa entidad habla de hiperinflación cuando se dan estas circunstancias: 1) La población prefiere conservar su riqueza en forma de activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable;

2) Los saldos de moneda local se invierten de inmediato para mantener la capacidad adquisitiva de la misma; 3) El grueso de la población considera las cantidades monetarias en términos de otra moneda extranjera;

4) Los precios pueden establecerse en esta otra moneda; 5) Las ventas a crédito son a precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada; 6) Las tasas de interés, salarios y precios se ajustan en función de la variación de los precios;

7) La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%; 8) Las medidas para contener precios del Gobierno no surten efecto y la inflación se mantiene en los dos dígitos.

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