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Nadie quiere perder contra la inflación

Los sindicatos y la patronal, para esta época del año, se sientan a discutir el tema salarial, en el ámbito privado y estatal. En el fondo todo se reduce a determinar el porcentaje con el cual se ajustarán los sueldos contra el incremento en el costo de vida.

Las paritarias (o negociación entre partes) son una herramienta de negociación laboral donde patronal y trabajadores acuerdan y discuten condiciones de trabajo, buscando el equilibrio entre las necesidades y expectativas de ambos.

Dado el nivel de inflación que hay en la Argentina las paritarias reflejan el intento de los trabajadores por evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al alza del costo de vida.

Es decir, del lado de los empleados se trata de establecer un mecanismo indexatorio (o tabla de actualización) que preserve su poder de compra. Quien vende su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, no quiere aceptar una caída del salario real.

Los sindicatos hacen sus cálculos para los sectores público y privado, luego de la superación de la meta oficial de inflación de 2017, estimada en un tope del 17% pero en los hechos fue cercana a un 24%.

“Siempre al final se acordó, pero a diferencia de otros años habrá una fuerte puja en cada una de las actividades ante el intento oficial de imponer una pauta salarial que los propios funcionarios no pueden cumplir respecto de las metas de inflación. Se requerirá fuerza, paciencia y unidad. Esa será la clave para destrabar un proceso complicado”, explicó a Télam un dirigente de la CGT.

En Entre Ríos, el gobierno provincial ya convocó a los distintos sindicatos del Estado para discutir, en la segunda quincena de febrero, la recomposición salarial para 2018

“El gobernador ha garantizado que los incrementos salariales no iban a ser inferiores a la inflación y cumplirá su palabra”, dijo al respecto el ministro de Economía, Hugo Ballay, al explicar que en materia salarial “cada provincia es autónoma”.

“Apuesto al diálogo, más allá que a veces se transforme en discusión porque cada uno defiende los derechos que le corresponde, para llegar después de las reuniones que sean necesarias a que se compense de alguna manera al asalariado de la inflación, y también desde lo que a nosotros nos toca que es administrar los bienes de los entrerrianos con el mayor compromiso posible y la seguridad de poder cumplirlo”, remarcó el ministro.

Las paritarias son el marco permanente de discusión salarial y condiciones de trabajo. En este sentido, su agenda supera la puja respecto de la recomposición salarial.

Pueden incluirse cuestiones laborales como derechos y obligaciones, especificación de funciones, beneficios sociales de la seguridad social y previsional (salud y jubilación), licencias, horarios de trabajo, condiciones de higiene y seguridad, prevención de riesgos laborales donde los trabajadores legitiman sus reivindicaciones y ejercen su derecho de proponer condiciones para su desarrollo.

Los acuerdos paritarios son homologados por el Ministerio de Trabajo, luego de lo cual adquieren fuerza de ley. Dicha homologación formaliza el acuerdo conformando una herramienta de defensa del trabajador.
Las paritarias fueron conquistadas a principios del siglo XX por las luchas obreras que lograron reemplazar la contratación individual (y por ende su situación de debilidad frente a la patronal) por el contrato colectivo negociado a través de la fuerza gremial.

 

© El Día de Gualeguaychú

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Publicado por en 19/03/2018 en Uncategorized

 

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Entre los países con más alta inflación

Argentina integra el minúsculo y extravagante club de los países con más alta inflación del mundo, junto a Venezuela, Ucrania, Nigeria, Angola, Sudán del Sur y Libia, entre otros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el alza de precios se mantendrá estable por lo general en los países emergentes. Hay una excepción mayor, la de Venezuela, con una inflación del 650% este año y que se disparará al 2.350% el que viene.

Se calcula, en tanto, que en Sudán del Sur los precios aumentarán el 119%, en Libia la inflación rondará el 35% y en Surinam rondará el 30%. Luego aparece Argentina cuya economía arrastrará este año un incremento del 27% en los precios, que se moderará al 18% en 2018.

De esta manera el país supera el 11% de Turquía, el 13% de Ucrania y el 16% de Nigeria. Para buscar una referencia en América Latina, se anticipa que en México la inflación se situará en el 6%  este año, en tanto que Brasil tendrá una inflación anual de alrededor del 4%.

La economía de Venezuela ha entrado en una espiral inflacionaria que no parece tener techo. Algunos advierten que se encamina raudamente a una situación de descontrol muy parecida a la que sufrió en el pasado Argentina.

Cuando la inflación supera guarismos que se consideran manejables y los incrementos de precios se vuelven incontrolables, se presenta el fenómeno denominado “hiperinflación”.

El FMI sitúa al país caribeño en ese escenario al pronosticar que los precios saltarán más de un 2.350% en 2018. Argentina, ya conoció los males de la hiperinflación, que básicamente entrañan una descomposición del sistema económico.

Los episodios hiperinflacionarios domésticos de 1989 y 1990 están presentes en la memoria de mucha gente, ya que los precios se reajustaban varias veces por día y el peso argentino perdía totalmente su valor.

En el año 1989 la inflación anual promedio de Argentina fue de 3.079%. Los precios se multiplicaron por 50, tomando diciembre de 1989 contra diciembre de 1988.

El año 1990 no fue mucho mejor, la inflación anual promedio fue del 2.314%, aunque si se compara diciembre de 1990 contra diciembre de 1989, los precios “solo” se multiplicaron por 14.

No fue casual, al respecto, que para frenar el proceso hiperinflacionario el Estado decidiera en 1991 sancionar una ley que ató el peso al dólar (el famoso 1 a 1 de la convertibilidad).

En estas pampas la persistente inflación, que básicamente supone el envilecimiento de la moneda (peso), hizo que los habitantes adoptaran el dólar como moneda para ahorrar (reserva de valor) y para tasar bienes (unidad de cuenta).

De ahí que el economista Juan Llach crea que el “problema cultural” de la Argentina es la inflación y no el dólar. Es decir, no sería por falta de patriotismo que se prefiere la divisa extranjera, sino porque nadie es tan estúpido como para querer arruinarse con una moneda que se devalúa todo el tiempo.

Hay cierto consenso entre los economistas respecto del origen de la inflación: como el gobierno gasta más de lo que recauda, al bache lo financia con emisión monetaria a través del Banco Central. Y cuando hay más dinero para el mismo volumen de bienes, eso hace que los precios suban.

Se trataría, en rigor, de una antigua defraudación de los emisores de papel moneda: a medida que se multiplica la creación de billetes, en la misma proporción se licua su poder de compra en los bolsillos de los ciudadanos.

 

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Publicado por en 07/12/2017 en Uncategorized

 

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Vivir por encima de las posibilidades

La persistencia del déficit del Estado, un bache que se cubre con deuda, refleja que Argentina sigue viviendo por encima de sus medios, un problema que suele derivar en crisis sistémicas.

La administración Macri recibió en 2015 un país en default con los acreedores externos, alta inflación, recesión y altísimo déficit fiscal financiado con emisión.

En estos dos años enfrentó este laberinto con relativo éxito, aunque la economía argentina sigue aquejada de los viejos problemas.

El gobierno debió resolver desde el inicio de su gestión el enigma de cómo atacar el estrambótico déficit fiscal y al mismo tiempo hacer que la economía empiece a crecer. El rojo fiscal ha sido, en esta estrategia, la bestia negra a domar.

Entre otras cosas porque esa brecha era financiada por el gobierno kirchnerista con emisión monetaria, que se visualiza como la causante primaria de la inflación. Y como gran parte del rojo fiscal es motivado por los subsidios estatales a los servicios públicos, la administración Macri se vio obligada a producir aumentos en las tarifas públicas.

“Es el gobierno el que genera la inflación”, ha dicho repetidamente el presidente, al sentar la tesis de que el gobierno kirchnerista apeló deliberadamente a esa estrategia.

¿Pero cómo hacer ajuste fiscal en medio de una estanflación (recesión más inflación)? ¿Los recortes no serían contraproducentes? Pues bien, el gobierno debió apelar al endeudamiento con el exterior para enfrentar el déficit y para hacer que la economía empezara a crecer.

Pero para ello debió lograr primero un acuerdo con los holdouts. La salida del default, después de tres lustros de aislamiento financiero internacional, habilitó la chance del crédito externo.

Como lo reconoció el entonces ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, sin ese acuerdo, la Argentina enfrentaba dos abismos: un ajuste draconiano de las cuentas públicas, altamente recesivo, o un escenario de hiperinflación por emisión descontrolada.

Cualquiera de esas dos alternativas hubiera colocado al país al borde de la ingobernabilidad, como ocurrió con anteriores debacles económicas. De aquí que la tesis gradualista (utilizar el endeudamiento para financiar en parte el déficit fiscal, evitando el emisionismo exagerado del Banco Central), ha logrado sortear en estos dos años los principales escollos económicos.

Pero vista en perspectiva, esta estrategia es insostenible en el largo plazo, si no se ataca resueltamente el desequilibrio de las cuentas públicas Nación-Provincias, que hoy se cubre con crédito externo.

El programa de reformas que acaba de anunciar el presidente Macri va en esta dirección: lograr que el Gobierno en sentido amplio baje y controle el gasto público, tras la ansiada meta del equilibrio presupuestario.

Y a la vez liberar de presión fiscal a las empresas, mediante una baja de los impuestos, de suerte que se coloquen en posición de invertir y de generar empleo productivo y genuino.

La administración Macri cree que el país tiene la última oportunidad para eliminar la causa del desquicio: un Estado per se inviable, que con el pretexto de ayudar a los pobres ha adquirido dimensiones paquidérmicas, al punto de monopolizar la renta generada por la sociedad.

El problema es que la reforma choca con la idiosincrasia de un país adicto al gasto público, es decir a la filosofía de vivir por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que efectivamente genera, reflejo de lo cual es su costumbre inflacionaria.

 

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Publicado por en 10/11/2017 en Uncategorized

 

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Venezuela y una polarización explosiva

Las manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro son un síntoma inequívoco de la profunda polarización política y social que aqueja a la sociedad venezolana.

Para quienes miran de afuera la delicada situación en el país caribeño salta a la vista la fractura social, la división que existe entre los mismos venezolanos. Esta división se ha agudizado luego de las recientes decisiones judiciales que llevaron a la oposición a acusar al gobierno de establecer una dictadura.

Desde allí se rechaza la presidencia de Nicolás Maduro y se llamó a los venezolanos a protestar para exigir que haya elecciones.

El oficialismo y la oposición volvieron a medir fuerzas en la calle el 19 de abril, día histórico en que se celebra el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela durante el siglo XIX.

“Estamos desmantelando el golpe de Estado terrorista, estamos derrotando el golpe de Estado violento, somos los vencedores de los violentos”, dijo Maduro al acusar a la oposición de intentar desestabilizar al país.

Ambos bandos lograron cada uno por su lado congregar a cientos de miles de venezolanos en las calles. Y tanto opositores como oficialistas se acusan mutuamente de tener grupos de choque que provocan agresiones durante las protestas.

Es tal el nivel de polarización beligerante que existe en Venezuela, que para muchos analistas el país ya reúne dos componentes peligrosos que suelen presentarse en las guerras civiles: 1) existen dos Venezuelas que no pueden comprenderse, 2) los dos bandos están tan convencidos de su verdad política que prefieren la derrota antes que ceder en su posición.

La comunidad internacional ha pretendido infructuosamente hasta acá sentar a las partes en conflicto a una mesa de diálogo, para que planteen sus puntos de vista y traten de encontrar una convergencia necesaria para evitar el desmadre.

Sobre todo en atención a la grave crisis económica que viene atravesando el país, a partir de los estragos que están causando el desabastecimiento y la inflación.

Pero no hay posibilidad de diálogo mientras se profundiza la confrontación ideológica y política de la sociedad venezolana. Maduro y sus partidarios insisten que todos los males del país se deben al enemigo externo: el imperialismo norteamericano y sus socios de la “derecha” universal.

El analista internacional Moisés Naím, un venezolano crítico del régimen, sostiene que su país es víctima –al igual que Cuba y otros populismos latinoamericanos- de la “necrofilia política o ideológica” a la que define como “un amor apasionado por las ideas muertas, ideas que han sido probadas una y otra vez y no funcionan, siempre dan malos resultados”.

Los políticos populistas, dice Naím, para alcanzar al poder repiten estas ideas porque saben que son atractivas y hay gente que se las va a comprar. “Ellos saben que prometen cosas que no podrán cumplir, pero las prometen porque hay gente que necesita que le mientan”.

Venezuela es un caso típico de “polarización de las creencias”, un concepto trabajado por Thomas Nelly, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Princeton.

Según este autor, los bandos en pugna seguirán firmes en lo que creen sin importar las evidencias de la realidad. Se trata de un fenómeno psicológico que hace que las opiniones de los que piensan diferente, lejos de acercarse, tienden a distanciarse cada vez más.

 

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Publicado por en 10/05/2017 en Uncategorized

 

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Auspicioso retorno del crédito para vivienda

La reciente aparición del crédito para la compra o construcción de vivienda, sea por las condiciones del mercado o requiriendo fondos del Estado, constituye un hecho positivo.

Uno de los grandes desafíos económicos del país consiste en hacer frente al déficit habitacional, que afecta a 3,5 millones de hogares, según datos oficiales.

De ese total 2 millones tienen problemas de calidad de vivienda existente, en tanto que 1,5 millón es la cantidad de viviendas que se necesitan construir.

Desde que, a mediados de la década del ‘40, la inflación se hizo presente en Argentina, el crédito a largo plazo para la compra de una vivienda fue perdiendo relevancia.

La aspiración de contar con una vivienda propia abonando una pequeña suma inicial seguida de cuotas similares a un alquiler pasó a ser una ilusión. Conviene tener presente que la moneda y su estabilidad son cuestión relevante en la sustentación del crédito hipotecario.

Pero desde 2016, a tenor de la nueva política económica, varios bancos han comenzado a otorgar créditos hipotecarios, algo que no se observaba desde mediados de los ‘90.

De acuerdo con los datos de fines de febrero del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el monto total del crédito hipotecario llegó a unos $65.000 millones, frente a $1,1 billón de préstamos totales del sistema financiero, por lo que solo representa un 6,5 % del total

En Argentina coexisten en el sistema cuatro tipos de créditos hipotecarios. La mayoría de los bancos otorga el indexado por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) mientras que otras entidades financieras otorgan el tradicional a tasa fija.

El Banco Nación da créditos indexados por el CVS (Coeficiente de Variación Salarial) y ahora el gobierno acaba de lanzar el nuevo plan de viviendas ProCreAr, que utiliza recursos estatales, y que ha generado una gran expectativa en la población.

A poco de conocerse este último plan, pasadas las 48 horas del anuncio oficial, ya había 40.000 nuevos inscriptos y un millón de consultas (es decir casi 14 anotados por minuto y 21.000 consultas por hora).

El programa está pensado para gente con ingresos familiares de entre $16.000 a $32.000, que no tiene vivienda propia.

Lo que genera más expectativa en él es la combinación de ahorro, subsidio y préstamo, con cuotas de $2.500 a $3.000 para una vivienda de un millón de pesos, una cifra bastante inferior al alquiler de un inmueble, que ronda los $5.000.

Por ejemplo para la compra de una casa de $1.000.000, el interesado debe ahorrar el 10%, es decir $100 mil; mientras que el subsidio que da el Estado es de hasta $400.000 y el crédito sería de $500.000.

“Lo que hace el Estado con el subsidio es prepagar el crédito. Las tasas y los plazos los ponen los bancos”, detalló Tomás Bibiloni, director nacional del Acceso al Crédito de la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior.

El gobierno sostiene que a partir de ahora el ProCreAr no financiará viviendas de la clase media alta o casas en barrios privados, como en el pasado, sino que se priorizarán las necesidades sociales.

Además, el plan prevé resguardos para los beneficiarios: uno es el subsidio, que achica la deuda; el otro es el ahorro que se generará frente al alquiler; la tercera protección es que la suba de la cuota no puede superar el alza del coeficiente de variación salarial; y la cuarta es que la relación cuota/ingresos no puede superar nunca el 25%.

 

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Publicado por en 08/04/2017 en Uncategorized

 

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Cuando la inflación se vuelve inmanejable

La economía de Venezuela ha entrado en una espiral inflacionaria que no parece tener techo. Algunos advierten que se encamina raudamente a una situación de descontrol muy parecida a la que sufrió en el pasado Argentina.

El gobierno de Nicolás Maduro ha decretado el quinto incremento del salario mínimo en menos de un año. Es un aumento anualizado de 536%, que sin embargo no logra compensar la espectacular subida de precios en el mismo período.

Cuando la inflación supera guarismos que se consideran manejables y los incrementos de precios se vuelven incontrolables, se presenta el fenómeno denominado “hiperinflación”.

La economía venezolana presenta toda la sintomatología de este mal largamente estudiado por la ciencia económica y el cual los argentinos hemos padecido hace poco más de 20 años.

Uno de los indicadores de la hiperinflación se vincula al hecho de que los salarios deben reajustarse varias veces durante un corto período de tiempo, ante el alza diaria de los precios de los productos.

Dentro de esta lógica se inscribe la reciente medida del gobierno bolivariano de decretar un aumento del 50% en el salario mínimo a partir del 15 de enero, la quinta suba en menos de un año.

La medida pretende impedir el deterioro del poder de compra de los salarios frente al alza generalizada de precios. El gobierno de Maduro no da cifras oficiales sobre la inflación, pero los analistas privados dicen que viene batiendo récords.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2017 hablan de una tasa de inflación del 2.200 % (30% mensual). En tanto que para los años siguientes calcula que el problema se agudizará hasta llegar a 4.600% de inflación.

Argentina, un país que viene sufriendo la inflación desde hace por lo menos 70 años, conoció los males de la hiperinflación, que básicamente entrañan una descomposición del sistema económico.

Los episodios hiperinflacionarios domésticos de 1989 y 1990 están presentes en la memoria de mucha gente, ya que los precios se reajustaban varias veces por día y el peso argentino perdía totalmente su valor.

En el año 1989 la inflación anual promedio de Argentina fue de 3.079%. Los precios se multiplicaron por 50, tomando diciembre de 1989 contra diciembre de 1988.

El año 1990 no fue mucho mejor, la inflación anual promedio fue del 2.314%, aunque si se compara diciembre de 1990 contra diciembre de 1989, los precios “solo” se multiplicaron por 14.

La economía venezolana está mostrando otro rasgo típico que acompaña a los proceso de alta inflación: los poseedores de moneda del país tratan de convertirla en divisas extranjeras y remitirlas al exterior.

Desde 2003, cuando gobernaba Hugo Chávez, rige en Venezuela el control de cambio, como mecanismo para impedir la salida o fuga de capitales.

Pero la medida no impidió que los dólares huyeran del país caribeño, provocando un severo déficit de divisas que afectó su aparato productivo. En 2003 los venezolanos tenían en el extranjero menos de 53.000 millones de dólares. Una década después, ya tenían acumulados 175.000 millones de dólares.

En Argentina la persistente inflación, que básicamente supone el envilecimiento de la moneda (peso), hizo que los habitantes adoptaran el dólar como moneda para ahorrar (reserva de valor) y para tasar bienes (unidad de cuenta).

No fue casual, al respecto, que para frenar el proceso hiperinflacionario el Estado decidiera en 1991 sancionar una ley que ató el peso al dólar (el famoso 1 a 1 de la convertibilidad).

 

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Publicado por en 09/02/2017 en Uncategorized

 

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Apostar al retorno del crédito hipotecario

Uno de los grandes desafíos económicos del país consiste en recrear las líneas crediticias para financiar la compra de viviendas, como respuesta al grave déficit habitacional.

Pero la condición necesaria para que esto ocurra es derrotar la inflación. Se podría decir que no hay crédito hipotecario sin estabilidad monetaria, sin un signo monetario fuerte.

Imposibilitados de comprarse una casa ahorrando, en la última década los sectores medios prefirieron endeudarse para cambiar el televisor, la computadora, la heladera, el celular o el auto.

Se entiende que el negocio de los bancos haya sido todo este tiempo financiar el consumo de bienes durables. La contracara del fenómeno es un mercado de hipotecas escuálido.

En ese contexto, como contracara del fenómeno, proliferaron los fideicomisos inmobiliarios al costo (una suerte de plan de autoahorro con el que el ahorrista invierte a lo largo de dos o tres años en un departamento que se está construyendo).

Pero sólo los hogares con capital propio o con muy altos ingresos pueden acumular todo el valor de una propiedad en un período tan corto de tiempo.

Se entiende, por otro lado, que en una Argentina inflacionaria el crédito al sector privado no supere el 15% del PBI, cuando en Brasil llega al 70% y en Chile al 90%.

Lo cierto es que en los últimos 15 años Argentina se convirtió en un país de inquilinos. En efecto, ahora hay 1.200.000 más habitantes alquilando propiedades que los que había con respecto a los dos últimos censos de población y vivienda.

Conviene tener presente, en suma, que el crédito hipotecario es incompatible con una inflación alta e incierta. El deudor argentino teme, con justa razón, tomar deuda indexada (el interés del préstamo se ajusta por el índice de inflación).

El único modo de que la gente se anime a tomar un crédito por un monto importante, a largo plazo, evitando el riesgo de que se quede sin capacidad de pago por cambio abrupto en el interés, es dominando la inflación.

La administración Macri dice que su estrategia económica se asienta en atacar el perverso proceso inflacionario. Al respecto, enfatiza que la inflación de agosto de 2016 fue la más baja de los últimos 10 años.

La pregunta que cabe hacerse al respecto es si esta performance continuará en el futuro, si se consolida en el tiempo un escenario de estabilidad monetaria, haciendo renacer de este modo el crédito hipotecario.

Entusiasmado con la actual estrategia económica, el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), Juan Curutchet, vaticinó que las líneas para financiar la compra de la casa serán las vedettes el año próximo, cuando se afirme la tendencia descendente de la inflación.

“Este banco el año pasado se había retirado del mercado y había dado sólo 300 líneas hipotecarias, pero ahora buscamos que la entidad sea sinónimo de casa propia. Estamos prestando a un plazo máximo de 15 años, pero estamos pensando que con la baja de las tasas de interés y de la inflación podemos ir de a poco a aumentar el plazo, y eso a la larga hará bajar el valor de la cuota y más gente podrá acceder”, refirió.

A todo esto, el Banco Central (BCRA) acordó hace poco habilitar un instrumento para promover el ahorro y el crédito a largo plazo y multiplicar el acceso a la vivienda, el cual fue bautizado “Unidad de Vivienda” (UVI).

Más allá de las buenas intenciones, la clave de todo pasa por mejorar la ratio deuda-ingresos y por garantizar un mecanismo que proteja al deudor hipotecario del impacto inflacionario.

 

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Publicado por en 03/10/2016 en Uncategorized

 

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