Economía: la sensación de que el sueldo no alcanza

El gobierno peronista de Alberto Fernández dice que los salarios le están ganando a la inflación. Sin embargo, la percepción en la calle es que no se llega a fin de mes, mientras economistas dicen que el salario real está en el menor nivel en 10 años.

En febrero de este año el ministro de Economía Martín Guzmán declaró: “Los salarios, las jubilaciones y los planes sociales le ganarán a la inflación”. Y desde los despachos oficiales repiten que con los aumentos que se han dado, se ha mantenido el poder adquisitivo.

Conviene hacer una distinción: una cosa es el salario “nominal” y otra el “real”. El “salario nominal” es la cantidad de dinero que un empleado recibe por la realización de sus tareas durante la jornada de trabajo.

En tanto el “salario real” hace a la efectiva cantidad de bienes y servicios a los que el trabajador puede acceder con su sueldo. Es decir, al momento de valorar el salario real hay que tener en cuenta el nivel de los precios asociados a artículos de consumo.

Esto significa que el salario nominal puede crecer (que es lo que ha estado pasando a partir de las últimas paritarias) pero por debajo del nivel de los precios. Si es así, el salario real, que es el que mide el verdadero poder de compra, ha estado cayendo.

Mientras oficialmente se dice que los trabajadores están ganando en la  carrera salarios vs. precios, hay razones para creer que la percepción de malestar salarial –expresado de hecho por algunos sindicatos- tiene asidero en la realidad.

El economista Santiago Bulat, consultor en Invecq, ha publicado un trabajo donde sostiene que el salario real de los trabajadores en la Argentina está en su nivel más bajo de los últimos 10 años.

“Básicamente es la combinación de una economía que está 8 puntos por debajo que hace 10 años y que viene aumentando sus niveles de inflación”, explicó Bulat en diálogo con la prensa.

En tanto el economista Ramiro Castiñeira publicó en sus redes sociales la información de que ha habido una caída de los salarios reales en el último año (junio 2020-junio de 2021) y esto sobre la base de datos oficiales.

Así, el salario real del empleado privado registrado cayó 3,1%; el del empleado del sector público cayó 6,5%; el de los privados no registrados cayó 6,9%, en tanto que las jubilaciones y pensiones, cayeron 8,9%.

Por otro lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que los salarios volvieron a perder en junio contra la inflación. En términos interanuales, refiere, quedaron 7% por detrás de la inflación y acumularon 40 meses de caída.

Por otra parte, medidos al dólar blue, los salarios argentinos son los más bajos de la región, y si se computan al dólar oficial están de mitad de tabla para abajo, según se desprende de un estudio que no incluye a países en extrema pobreza como Venezuela y Haití.

El trabajo realizado por IERAL de la Fundación Mediterránea relevó información salarial de 9 países: Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, México y Brasil.

En el caso del salario mínimo, a enero pasado, la Argentina aparece en el fondo de la tabla, con un valor en dólar blue de US$129, más de 70% por debajo del salario mínimo en dólares de Chile (US$441), que encabeza el ranking, seguido por Uruguay (US$423) y Ecuador (US$400).

En las últimas posiciones de la tabla aparecen México (US$215), Brasil (US$207) y Argentina.

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Zapatillas que cuestan igual que un salario mínimo

El nivel de distorsión de precios que existe en la economía argentina, consecuencia de la inflación, muestra que hay bienes y servicios que no guardan proporción razonable en su valor.

Por ejemplo, hay zapatillas top (las que tienen más tecnología) que cuestan hasta $28.000. Es decir, el valor de este calzado está por encima de los $22.680 de ingresos que se necesitan para no ser considerado indigente.

Según el INDEC, de acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2020, hay un 40% de la población cuyos ingresos no superan el salario mínimo vital y móvil (SMVM), hoy fijado en $20.588.

En Entre Ríos, un salario docente inicial, con el aumento que acaba de proponer el gobierno de Gustavo Bordet, se iría a $32.690, según fuentes del gremio AGMER.

Es decir, después de un mes de trabajo, ese docente podría comprarse un par de zapatillas top y le quedaría un remanente de $4.700 para adquirir una sandwichera o una tostadora, que rondan los $4.000.

En tanto, al mismo docente su ingreso mensual le alcanzaría para comprar una bicicleta de adulto ($30.000), aunque necesitaría un salario y medio para adquirir una notebook ($45.000) que le permitiría trabajar en forma virtual, o desembolsar un cuarto de su salario para hacerse de un par de zapatillas clásicas de primera marca ($8.000).

Según AGMER, un salario mínimo docente en Entre Ríos está hoy por encima de la canasta de indigencia ($22.680), pero sólo alcanza a cubrir el 44% de la de pobreza ($56.000).

El diario Clarín ha hecho una nota en la cual se observa patente esta distorsión de precios que se verifica en el actual contexto inflacionario. El fenómeno ocurre cuando el gobierno tiene “pisados” algunos precios o el tipo de cambio.

Entonces, puede darse que un sector se vea afectado en su dinámica, ya sea por regulaciones o impuestos. Por ejemplo, un kilo de yerba ($349) cuesta casi lo mismo que una botella de champán ($319).

Por otro lado, se observa que los electrodomésticos valen menos que una prenda de vestir. Así, una licuadora de primera marca, por ejemplo, se puede comprar desde $6.000, en tanto un jean en un shopping cotiza a $8.000.

Volviendo con el precio de las zapatillas top, su valor puede igualar el alquiler de un departamento. Según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), la mediana de los alquileres de monoambientes en la Capital Federal es actualmente de $22.500. Y la de un dos ambientes, $26.000.

Una de las razones por la que algunos productos tienen precios siderales frente a los salarios, o empatan con un alquiler, es porque son importados o tienen componentes comprados afuera. Todo lo que ingresa del exterior ha sido limitado por el gobierno, mediante impuestos varios y cupos fijados a las empresas.

Por lo demás, resulta significativa la brecha entre el valor de un auto y el salario. Por ejemplo, para adquirir un Fiat Cronos de fabricación nacional, cuyo valor ronda $1.100.000, hoy se necesitan 17 salarios medio de un trabajador registrado.

Cabe consignar que las canastas de indigencia y pobreza subieron 4,6% y 4,2%, respectivamente, en el primer mes del año según el INDEC. Es decir, un aumento por encima de la inflación general.

En enero, una familia tipo (cuatro integrantes) necesitó $56.458 para no ser pobre, mientras que en ese mismo mes debió contar con al menos $23.722 para adquirir la canasta de alimentos mínima para no caer en la indigencia.

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Lo que desocultó la ley de emergencia

Finalmente el 2 de julio pasado, en un rápido trámite legislativo, se aprobó la ley de emergencia provincial, ante el casi unánime rechazo de los gremios estatales, que acusan al gobierno de Gustavo Bordet de aplicar un “ajuste a los trabajadores”.

La norma apoyada en las dos cámaras por la mayoría peronista busca hacer caja con impuestos extraordinarios a bancos, propietarios rurales de más de 1.000 hectáreas, droguerías, y con aumentos en los aportes personales de trabajadores y jubilados de la administración pública provincial a la Caja de Jubilaciones.

El proyecto dispone que los empleados activos y los jubilados que cobren por encima de $75.000 deberán aportar más dinero a la Caja de Jubilaciones, de acuerdo a una nueva escala.

Se trata de un “aporte solidario extraordinario” para paliar la crisis económica y según el oficialismo la iniciativa afecta a los sectores más acomodados de la burocracia estatal: funcionarios políticos, legisladores, jueces, y empleados bien remunerados.

Como era esperar la ley ha concitado el rechazo de los gremios estatales, de docentes y de magistrados que se movilizaron y convocaron a asambleas en diferentes ciudades de la provincia.

El gobierno provincial defiende la ley de emergencia como una medida necesaria para recomponer los ingresos públicos, en un contexto de debacle económica general, justificándola con el argumento de que se le pide un esfuerzo a los que más ganan.

Los gremios, en tanto, hablan de “ajuste” liso y llano a la “clase trabajadora” del Estado, al tiempo que impugnan el procedimiento exprés del trámite legislativo y se preparan para plantear la “inconstitucionalidad” de la norma ante los tribunales.

Ahora bien, al margen de si está bien o mal la ley de emergencia, más allá incluso de la discusión política que envuelve, cabe poner la lupa en el sueldo que el gobierno fijó como límite por encima del cual se aplica el “aporte solidario”.

Se trata de esos $75.000 de salario nominal, que en el concepto oficial es una cifra alta y que cobra por encima de ella sólo una minoría cuasi privilegiada: el 15% de los trabajadores estatales, entre pasivos y activos.

En realidad, como han dejado aclarado los gremios, esos $75.000 nominales equivalen a $59.000 de bolsillo, por los descuentos que se le hacen al haber nominal por distintos conceptos.

La pregunta se impone: ¿es posible considerar $59.000 un “monto de riqueza” cuando hoy se necesitan $45.000 para no ser pobre, según la estadística oficial?

Al confrontar el número mágico que marca el piso de la “abundancia” remunerativa estatal con la plata que se necesita para no ser pobre, surge la admisión implícita de que el Estado entrerriano paga míseros salarios.

¿Qué pensar entonces de los que cobran un sueldo que está por debajo del monto de “riqueza” y que involucra, según los cálculos del mismo gobierno, al 85% de los empleados estatales?

Se entiende, entonces, por qué el gremio docente viene insistiendo desde hace tiempo que “la mayoría de los sueldos docentes están por debajo de la canasta familiar”, como ha recalcado por estas horas Gustavo Blanc, congresal de Agmer.

“Los docentes que en pandemia mantuvieron funcionando la escuela desde la casa, pagándose todos los servicios de su bolsillo, usando su equipamiento personal, cobran sueldos de pobreza”, escribió en una reciente columna de opinión.

 

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Chubut: una crisis que interpela a la política

Chubut es uno de los estados patagónicos rico en petróleo y turismo, pero incapaz de pagar los sueldos a empleados públicos y docentes, quienes están en pie de guerra.

Los reportes de los últimos días reflejan una situación explosiva desde el punto de vista social, ante la insolvencia del Estado gobernado por el peronista Mariano Arcioni, quien hace sólo tres meses ganó las elecciones para continuar en el cargo.

El 9 de junio Arcioni obtuvo el 41,3% de los votos y fue confirmado para gobernar cuatro años más. Pero hoy esa elección parece de ciencia ficción, a la luz de los acontecimientos.

Desde julio los empleados provinciales no cobran su sueldo normalmente, sufren cortes constantes en la cobertura de su obra social, la administración pública está paralizada y no hay clases.

La situación empeoró después que se conoció que dos docentes habían muerto en un accidente de tránsito tras asistir a una manifestación para exigirle al gobierno provincial el pago de sus salarios.

Esto motivó que un grupo de los manifestantes, que pasaba la noche acampando ante la Legislatura provincial, incendiara y destrozara el hall del edificio, además de enfrentarse violentamente con la policía. Los incendios se repitieron en otras ciudades de la provincia.

Pocas horas antes se hizo público que el gobernador Arcioni había enviado a esa misma Legislatura un proyecto de ley para aumentarse el sueldo un 100%. Lo mismo para buena parte de sus funcionarios.

En contraste, los docentes vienen cobrando su sueldo en cuotas ya que el Gobierno provincial  alega no tener dinero para cumplir con el sueldo completo. La pregunta fue automática: ¿cómo, entonces, proponen aumentarse los sueldos un 100%?

Los salarios de los maestros no son uniformes en el país, dependen de cada una de las 24 provincias. Chubut, imán de turistas que cada primavera (austral) llegan para el avistamiento de ballenas en la Península de Valdés, es en teoría una de las que mejor le paga a sus docentes.

Según los opositores, Arcioni realizó promesa de aumentos de sueldos durante la campaña que son impagables. Por eso, luego de las elecciones, la situación se volvió insostenible.

El gobierno nacional se comprometió a enviar fondos a la provincia, principalmente mediante adelanto de fondos de coparticipación. Entre el 10 y 13 de septiembre, giró a 1.223 millones de pesos, según fuentes de la Casa Rosada.

¿Cómo una de las grandes provincias petroleras de Argentina atraviesa esta situación de insolvencia? Con el país inmerso en la campaña hacia las elecciones presidenciales del mes próximo, la crisis de Chubut se ha politizado.

Mientras desde la fuerza política del oficialismo nacional, Cambiemos, se asegura que el peronista Arcioni es un demagogo irresponsable, el peronismo nucleado en el Frente de Todos culpa a Macri por la situación de Chubut.

¿No deberían los políticos dejar de especular electoralmente ante el drama que viven los chubutenses? ¿No deberían ponerse a acordar una salida consensuada a la crisis provincial, dejando de lado la disputa por el poder?

Por lo pronto es un contrasentido que el Estado chubutense sea insolvente cuando la provincia tiene tantas riquezas. La actividad económica más importante es la explotación de petróleo y gas. A eso se le suma la cría de ganado ovino, al tiempo que Chubut aporta el 21% de la pesca nacional.

En Puerto Madryn se encuentra una de las fábricas de aluminio (Aluar) más grandes de Sudamérica. Y también hay un gran desarrollo del turismo, sobre todo internacional.

 

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Consumo: entre el deseo y la realidad

En un país de clase media, cuya identidad se construye alrededor del consumo, toda restricción en la compra se experimenta como una gran frustración, un sentimiento que crece hoy en muchos hogares.

Guillermo Oliveto, presidente de la consultora W, asegura que vivimos en la era del ciudadano-consumidor. Desde este punto de vista, el consumo es un fenómeno de fuerte impacto social y de connotación política.

Y esto sobre todo en la Argentina, razona, donde la mayoría de la población asegura sentirse identificada con la clase media, un sector que cifra su felicidad en el acceso a los productos de mercado (auto, casa, electrodomésticos, vacaciones y demás).

En su reciente libro “Argenchip”, que se interroga acerca de cómo somos y pensamos los argentinos, Oliveto sienta la tesis antropológica de que en nuestro país, tan prototípicamente de clase media, “gran parte de la identidad de construye por símbolos de consumo”.

Por eso la política que logra halagar la condición de los consumidores argentinos obtiene lógico rédito en las urnas. Carlos Menem, así, fue Gardel durante el tiempo en que la convertibilidad, en los ‘90, estimuló la compra en los comercios (el llamado “voto cuota”).

La hegemonía kirchnerista, en la última década, creció al calor del aumento del consumo interno (un pilar del “modelo”). Y esto tras la catástrofe de 2002, que generó una suerte de herida narcisista entre los consumidores.

Lo cierto es que el consumo ha entrado, el último tiempo, en una especie de tobogán. La economía de la mayoría de los hogares argentinos está experimentando, objetivamente, un cambio de hábito a la baja.

La situación económica actual mantiene en alerta a la clase media, obligándola a recortar costumbres para cuidar el bolsillo. En algunos hogares hay sensación de default (cesación de pagos) ante el hecho de que los sueldos van quedando chicos para los mismos gastos.

“Hoy hay familias que están en concurso de acreedores. Luego de años de mucho consumo, por la caída del salario real hay hogares donde se elige qué facturas pagar por mes”, describe Sebastián Martínez, director comercial de Recsa Argentina, empresa líder en gestión de cobrabilidad y recupero de crédito.

Algunas encuestas revelan que la inseguridad, que hasta aquí venía al tope de las preocupaciones de la opinión pública, está cediendo ante el temor que despiertan la inflación, la caída de la actividad económica, y la expectativa de que se produzcan despidos.

Pero cualquier golpe al bolsillo –el “órgano más sensible” del argentino medio, al decir de Juan D. Perón- tiene un impacto psicosocial enorme cuyas implicancias no pueden subestimarse.

Aún está por verse si la situación con los “fondos buitre” repercutirá empeorando la economía doméstica (aunque hay especialistas que descuentan este efecto). Como sea, el menor consumo es un fenómeno de hondo impacto emocional entre los argentinos.

El problema es la tensión suscitada entre el deseo de adquirir cosas, sobre la base de una filosofía de vida que cifra la felicidad en el bienestar, y la aparición de la frustración por no poder concretar esa aspiración.

El consumo, sostiene Oliveto, es el espacio aspiracional del argentino medio en términos de deseo. Cualquier límite que se erija en esta esfera, sobre todo cualquier coyuntura que suponga un retroceso efectivo en el acceso a los bienes, equivale a un sentimiento de pérdida o de angustia social.

 

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Cuando decir cuánto se gana avergüenza

Es uno de los secretos mejor guardados de los argentinos. Hablar de los ingresos personales genera incomodidad en un país donde la riqueza es mal vista. Es el tabú de estas pampas.
Los senadores y diputados nacionales acaban de duplicarse las dietas, en el mayor bajo perfil. Cobraban por mes entre 15.000 y 17.000 pesos (sin mencionar viajes y “desarraigo”), y ahora el ingreso de bolsillo irá de 30.000 a 35.000 pesos.
Un aumento interesante del 100% que llamativamente –o no- se decidió en el mayor sigilo parlamentario. Es que la cuestión de las dietas, según consigna el cronista del diario La Nación, ha sido desde siempre un tema tabú.
Pero a decir verdad los argentinos, que somos tan liberales en tantas cosas, tenemos gran pudor a la hora de reconocer ante los demás el monto de dinero que percibimos.
Para algunos sociólogos la clave está en nuestra tradición cultural, según la cual ser pobre es ser honesto, y ser rico es sinónimo de deshonestidad. Entre nosotros, la capacidad de hacer dinero se asocia a la avaricia, la corrupción y la delincuencia.
Es todo lo contrario a lo que sucede en países anglosajones, como en Estados Unidos, donde el ciudadano medio americano habla de sus ingresos sin tapujos ni vergüenzas.
Para algunos antropólogos e historiadores nuestra herencia católica nos traiciona. El protestantismo, en su variante calvinista, según enseñó el sociólogo Max Weber, ve a la prosperidad como una bendición de Dios (no así a la pobreza).
Desde el punto de vista criollo, sólo puede acumular riqueza la persona que es deshonesta. Sin embargo, hay más de una razón para suponer que a los argentinos nos gusta vivir bien, y somos especialmente hedonistas.
Es decir, mientras nuestro Super Yo moral condena la riqueza, nuestro Ello la apetece desesperadamente. Todo un cuadro anímico propicio para configurar una mentalidad esquizofrénica.
Mientras amamos el dinero, discursivamente lo despreciamos. “Corazón de derecha, discurso de izquierda”. Así resumió al argentino medio Enrico Udenio, para quien entre nosotros es un deporte nacional acumular capital mientras se lo combate ideológicamente.
Ganar dinero, por tanto, genera un sentimiento de culpa que hace que socialmente se oculten los patrimonios y los ingresos individuales. No sea que uno aparezca, ante los demás, como un canalla capitalista.
Burgueses acomplejados, finalmente, somos especialistas en abominar contra los abusos del capital, mientras lo acaparamos, y en lo posible no lo declaramos.
Para Martín Tetaz, economista e investigador de la Universidad de la Plata, el ocultamiento revela astucia, que es algo que se le pide al que gusta de incrementar su patrimonio.
La información tiene valor y por tanto conviene no mostrar todas las cartas. “Si tengo un buen sueldo, no quiero que el resto de la gente se entere porque no quiero que se desalienten y me exijan más. Tampoco quiero que se enteren mis amigos para que no abusen de mi generosidad”, explicó.
Por otro lado, en un país rico y generoso como Argentina, nadie quiere aparecer como un fracasado económico. Si lo que se cobra es poco, conviene también callarse. “Si tengo un mal sueldo puede que me de vergüenza o que en cuanto a mis aspiraciones me deje mal parado mostrar mi vulnerabilidad económica”, refiere el economista platense.
¿Cuántas personas no tienen problemas en decir cuánto ganan? Según Alejandro Melamed, autor del libro “Empresas+humanas”, las nuevas generaciones, acaso menos hipócritas, se muestran más sueltas al hablar de plata en público. Con lo cual se estaría derrumbando uno de los últimos tabúes argentinos.

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El billete de 100 pesos rinde cada vez menos

El billete con la cara de Julio Roca, el de mayor denominación, está dejando de ser el símbolo de la fortuna que supo ser no hace mucho para la economía local. Cualquier ciudadano puede verificar en la vida cotidiana esta afirmación.
Un Roca podía ser una señal de ostentación en 2001. Pero la marcha de la inflación en Argentina, ha hecho que rinda por estos días lo mismo que $21 de ese año.
Es decir, hay una enorme pérdida de poder de compra del dinero desde la salida de la convertibilidad. En otros términos, lo que en 2001 se podía comprar con un billete de $100 ahora requiere casi 5 billetes.
Eso informa Ignacio Olivera Doll, en el Cronista Comercial, al explicar de qué manera la inflación acumulada en la última década carcomió fuertemente al billete de $100, hasta reducirlo a la quinta parte.
A la vez, el poder de compra del billete es un tercio de lo que era en mayo de 2003. Desde esa fecha, rinde lo mismo que 35 pesos, tras 280% de inflación acumulada en los últimos ocho años.
Esto explica, mirado desde otro ángulo, que cada vez sea necesario imprimir más billetes color violeta. El Banco Central debió duplicar sus esfuerzos para abastecer el sistema y satisfacer la demanda de los bolsillos de los argentinos.
En los últimos cinco años, según comenta Olivera Doll, la entidad debió poner en circulación 775 millones de billetes nuevos de esta denominación. “Con eso duplicó la presencia de este billete en la actividad local: por cada uno de 10 pesos, en 2006 circulaban en la economía sólo dos de $100; hoy en cambio circulan cuatro”.
Hoy el billete más grande de la economía ya representa la mitad del circulante, razón por la cual los analistas opinan que es necesario emitir uno de mayor denominación, aunque eso supondría admitir una alta inflación, algo que el gobierno no quiere.
Otra discusión, es el efecto de la inflación sobre el salario de los trabajadores. Los que están registrados, a través de mejoras nominales del salario, fueron empardando y en algunos casos superando el ritmo inflacionario.
El resto de los asalariados no registrados (informales) son los que aparecen más rezagados. No lograron empatar, siquiera, la suba de precios acumulada en los últimos años.
La depreciación del billete con la cara de Julio Roca recuerda, por otro lado, que Argentina, desde que fue creado el Banco Central (1935), no ha hecho más que destruir su signo monetario.
Algunos economistas aseguran que el peso actual es igual a 10.000.000.000.000 pesos moneda nacional. Lo que han hecho los gobiernos, para disimular la depreciación monetaria, es sacarle ceros al peso, creando la ilusión de una moneda fuerte.
Mientras que en sus comienzos la inflación fue baja porque la gente confiaba en el valor del peso, a medida que aumentaba, disminuía la tenencia de pesos del público, que se sustituyó por dólares.
No es casual, al respecto, que la economía argentina funcione con dos monedas: la doméstica pare efectuar transacciones y la extranjera para ahorrar fuera del sistema financiero institucionalizado (en el colchón, en la caja fuerte o en el exterior).
Un sinfín de desventuras monetarias (como inflación endémica, devaluaciones y las incautaciones de depósitos), han hecho que los argentinos piensen en verde.
Nuestra adicción al dólar, considerado un refugio de valor, proviene de esta desconfianza crónica hacia el sistema monetario argentino, que tiene por lo menos una historia de 50 años, no importa si el ciclo económico es alcista o recesivo.
Aunque es más que eso: revela que no se cree en las instituciones del país.

© El Día de Gualeguaychú