Todos los sectores de la economía argentina indexan o actualizan casi automáticamente los valores para equiparar la altísima tasa de inflación, en una carrera que no hace más que fogonear los precios.
Por un lado, el gobierno peronista de Alberto Fernández se comprometió ante el FMI a subir el valor del dólar oficial al ritmo de la inflación para evitar que se atrase. Además, el Tesoro tiene atada su sideral deuda en pesos al IPC, y ahora también actualiza la tasa de interés de los bancos.
Por otro lado, está en la base del acuerdo con el FMI la indexación de las tarifas de luz y gas. A todo esto, se indexa el valor de los alquileres, provocando un sinfín de inconvenientes a los inquilinos.
Si las variables clave se indexan, lo importante sería no perder poder de compra en una carrera que es claramente desfavorable para los ingresos fijos, llámense jubilaciones, salarios, pensiones o planes sociales.
De hecho todos los días hay cuatro o cinco reuniones paritarias en el Ministerio de Trabajo para acelerar negociaciones en lo que ya es una frenética carrera en la que los salarios corren desde atrás a los precios.
El gobierno de Fernández propició incrementos salariales desde el comienzo de las negociaciones paritarias en torno del 40/45%. Pero en un lapso de menos de 30 días todo tomó un giro inesperado trepando las pretensiones de aumentos salariales al 60% y hasta el 80%.
Las escalas graduales y los topes se abandonaron, para pasar a un mecanismo de actualización casi automática de los salarios colgado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, con el propósito de evitar que se esfume el poder de compra de los salarios.
La palabra “indexación” y el verbo “indexar” fueron acuñados por Brasil en la década del ‘90 a propósito de la utilización de un mecanismo que permitía equiparar el valor venal del dinero de curso legal dentro de un proceso inflacionario a través de un índice.
Según el diccionario, indexar consiste en “registrar y ordenar datos e informaciones de modo de generar un índice o coeficiente”.
A priori, la indexación no es buena ni mala. La economía chilena funciona con mecanismos de indexación (mensuales o trimestrales) hace más de 30 años. En cambio, la experiencia argentina es nefasta, por la estrafalaria tasa de inflación existente en estas pampas.
Los gobiernos militares argentinos introdujeron la indexación cuando la inflación rondaba el 9% mensual y no estaban autorizadas las negociaciones salariales. Continuó durante los ‘80, por vías legales o informales, y desembocó en las híper de 1989 y 1990.
Desde la convertibilidad (1991) en adelante, se prohibió todo tipo de ajuste automático. Es decir, aunque la indexación está prohibida por ley –no puede haber ajuste automático de los contratos (salarios, alquileres, presupuestos de costos)-, sin embargo existe en la realidad, ya que todos actualizan sus precios frente a la altísima inflación.
El problema es que privilegiar la cobertura ante la inflación no hace más que alimentar la suba de precios. De hecho desde el FMI le han advertido al gobierno de Fernández que la indexación podría ser un arma de doble filo.
¿Quién pierde en una carrera de indexación generalizada? Primero, los trabajadores de la economía informal, que no están sindicalizados y no reciben mejoras salariales por paritarias.
Pero en realidad toda la sociedad argentina se ve afectada y de hecho el país tiene una amplia y dolorosa experiencia con este “motor” de la escalada de precios.
© El Día de Gualeguaychú
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