Los barrabravas se muestran intocables

Parece que las medidas tomadas para “salvar al fútbol argentino” de la violencia no surten efecto. Algunos han llegado a proponer la tipificación del delito de barrabrava para poner entre rejas a los violentos.

Como se sabe, la inseguridad en los estadios durante el campeonato de primera división ha llevado a tomar medidas preventivas como la que establece que a las canchas sólo asistan hinchas del equipo local.

Con la pretensión de mejorar el control de los espectáculos deportivos, rige también un sistema de empadronamiento de hinchas de todo el país, además de otras medidas de prohibiciones y penalizaciones.

Pero lo ocurrido en la cancha de Deportivo Laferrere, provincia de Buenos Aires, muestra la ineficacia de la política que instrumenta la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los incidentes entre los barrabravas locales y la policía obligó al referí a parar el juego, los jugadores tuvieron que refugiarse en los vestuario y 14 efectivos de seguridad resultaron heridos.

Los medios informaron que la barra brava de Laferrere tiene una larga historia delictiva, mantiene fuertes vínculos políticos y domina territorialmente el partido de La Matanza, además de manejar un negocio de transporte que le da 30 millones de pesos anuales.

El gobernador Daniel Scioli dispuso suspender la cancha por un año y reactivó el anteproyecto de modificar el código penal argentino para introducir la figura del “delito de barrabrava” y de reventa de entradas

El secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, dijo que esto evitaría la “puerta giratoria” en los tribunales para los violentos, por la cual salen libres a las pocas horas de ser detenidos.

La idea, dijo, es “descabezar a los grupos mafiosos y ponerlos tras las rejas”. Pero la iniciativa ha sido objetada por el jefe de Gabinete nacional, Aníbal Fernández, vinculado al fútbol como dirigente del Club Quilmes.

“Es muy difícil crear la figura del barrabrava. ¿Cómo se determina quién es y quién deja de serlo de un día para el otro?”, se preguntó.

Ocurre que esta discusión pasa por alto el estatus alcanzado por el barrabrava en la Argentina. Estos sujetos gozan de protección política y gremial porque suman gente para los actos partidarios, son activos participantes en las distintas protestas callejeras y actúan como fuerza de choque hostigando el accionar de sus rivales.

Además dirigen los negocios de la reventa de entradas, el control del estacionamiento y en el merchandising de camisetas y de otros elementos que suelen identificar a los clubes. Y en no pocos casos se los ha vinculado también con el narcotráfico.

Se sabe que lo que pasa en las canchas es un espejo de la sociedad. La violencia, modus operandi de los barras, tiene anclaje en una estructura social dominada por la anomia, la falta de apego a la ley.

Algunos observadores proponen imitar lo que hicieron otros países para erradicar la violencia de las canchas, pero los experimentos no son trasladables, justamente porque el contexto sociológico es distinto.

En Brasil, por caso, para controlar a los violentos de Sport Recife, pusieron en práctica la iniciativa de una agencia de publicidad: contrataron a las madres de “hinchas violentos” para que formen parte de un cordón disciplinador en las tribunas.

Según trascendió, la medida estaría dando resultado. Al parecer las madres, preocupadas porque sus hijos no vayan presos o terminen hospitalizados, logran con su presencia evitar las grescas.

¿Podría repetirse esta experiencia en Argentina?

 

© El Día de Gualeguaychú

 

No hay paz social sin apego a la ley

La ola de robos y saqueos ha hecho que muchos se preocuparan por la institucionalidad del país. De repente la legalidad empezó a introducirse en la agenda, como si se descubriera recién ahora que no hay convivencia en paz sin imperio de la ley.
Toda realidad ignorada prepara su venganza. El desprecio consuetudinario hacia las normas sociales, hacia aquellos principios que son la base del Estado de Derecho, finalmente se pagan con desbordes sociales incontrolables.
Quizá ésa sea la moraleja contemporánea de Argentina, un país cuya nota distintiva es la “anomia”, término acuñado por la sociología clásica para significar ausencia de normas para regular la vida social.
En realidad no es nuevo que determinados grupos, muchos de ellos apañados por la política, actúen directamente sin ley, por medio de materiales presiones, imponiendo sus aspiraciones.
Creer que los saqueos de estos días son una extraña planta del suelo social es no querer ver que la transgresión se ha hecho hábito. Al punto que los argentinos hemos perdido la noción de orden público. Oscilamos entre la represión autoritaria de antaño y la licencia del presente.
No es casual que tengamos un problema con la violencia, un rasgo típico de la anomia. Hay razones para creer que legitimada y practicada sin escrúpulo en el plano político en el pasado, se ha desplazado al mundo social bajo forma de criminalidad.
El jurista Carlos Nino, en su libro “Un país al margen de la ley”, escribió páginas clásicas sobre este mal estructural relativo a la inobservancia argentina de la normatividad, expresión de lo cual es la no cultura de la Constitución.
Violadores seriales de los preceptos constitucionales, los gobernantes argentinos no han asimilado la idea de que deben servir a la ley –que está por encima de la voluntad de poder- y no servirse de ella.
Cuando no se acata el orden jurídico y se va directamente a la imposición de lo que se desea, la vida pública entera se anarquiza y se crea el caldo de cultivo para la aparición de regímenes dictatoriales.
Argentina hizo esto, echó por la borda su institucionalidad, en el fatídico golpe de 1930 encabezado por el general José Félix Uriburu, que contó con el apoyo de los nacionalistas, embobados con el corporativismo mussoliniano y el prusianismo alemán.
Ese abandono del sistema político representativo que, a pesar de sus imperfecciones, había sobrevivido exitosamente 68 años, y asegurado el adelanto del país, tuvo un efecto catastrófico hacia adelante.
Y de hecho hay quienes creen que allí comenzó el abandonó de la cultura de la Constitución. Por lo pronto seis golpes militares hicieron suspender el pleno ejercicio de la Carta Magna durante más de 23 años del siglo XX.
El retorno de la democracia en 1983 supuso en teoría la vuelta del Estado de Derecho, la plena vigencia de la Constitución y las instituciones por ella creadas. Pero el balance de estos años, a la luz de la experiencia histórica y del presente, revela que la anomia parece estar en los genes de los argentinos.
La tiranía de la trasgresión, la recurrente tendencia a la ilegalidad en todas sus manifestaciones (desde la persistencia de la economía informal hasta la corrupción pública; desde el no cumplimiento de las normas de tránsito hasta la depredación del espacio público; desde los desmanes de las barras bravas hasta el apriete de las patotas y piquetes), nos coloca siempre al margen de la ley.
Pero el abandono de la cultura de la norma tiene un alto precio: la degradación de la convivencia y la pérdida de la paz social.

© El Día de Gualeguaychú