La toma ilegal de tierras es un fenómeno que se multiplicó en los últimos meses, generando una peligrosa situación de confrontación social en el país.
Algunos medios de prensa estiman que existen unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas ocupadas de manera ilegal.
Las autoridades reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.900 usurpaciones de terrenos en lo que va del año, según estimaciones del ministerio de Seguridad provincial.
Además cerca de la ciudad de Bariloche, en la patagónica provincia de Río Negro, grupos identificados con el pueblo mapuche han ocupado lo que consideran terrenos ancestrales.
El peronismo gobernante se muestra dividido sobre el asunto, ya que hay dirigentes que justifican las ocupaciones de tierras y quienes las condenan, visiones contradictorias que agravan la situación.
Un ejemplo de estas divisiones fueron las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien acusó a agrupaciones peronistas de izquierda, como el Movimiento Evita, de estar detrás de las usurpaciones, algo que estos negaron.
Berni también se enfrentó con su par a nivel nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien consideró que el problema de las ocupaciones “no es un tema de seguridad”.
“Es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, afirmó la funcionaria.
En respuesta, el ministro bonaerense afirmó que el derecho a la propiedad privada era un “derecho sagrado inviolable” y advirtió: “El que pone un pie en un terreno que tiene dueño va preso”.
Quien justifica y alienta las tomas es Juan Grabois, aliado del gobierno y un hombre cercano al Papa Francisco. En agosto advirtió: “Hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar”.
“La gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”, señaló quien es líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y que por estos días protagonizó en Entre Ríos una acción directa en el campo de la familia del ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere.
El episodio provocó una movilización de productores en “defensa de la propiedad privada”, una protesta que podría extenderse a otros puntos del país.
A todo esto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof acaba de apuntar contra el sector privado al comparar los countries de la provincia de Buenos Aires con las usurpaciones de tierras.
Desde la oposición vienen pidiendo al presidente Alberto Fernández un pronunciamiento claro sobre el tema. “Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite”, escribió en su cuenta de Twitter la titular del PRO, Patricia Bullrich.
En tanto un sondeo de Ricardo Rouvier & Asociados, una consultora que históricamente trabaja para el peronismo, detectó que el 82,2% de los argentinos está en contra de las tomas, aunque el porcentaje es algo menor (67,2%) cuando se refiere a toma de tierras fiscales (que pertenecen al Estado).
© El Día de Gualeguaychú
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