Perú, en una crisis política sin fin, cambia el presidente

Pedro Castillo, el maestro rural que llegó a la presidencia de Perú con promesas de revolución, fue destituido y detenido por rebelión tras año y medio en el poder, en un contexto de creciente turbulencia política.

“Este gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados”.

Con ese poderoso discurso asumió Pedro Castillo la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021, al frente del partido marxista Perú Libre (PL). Tras aquella comparecencia ante el Congreso, un año y medio después, este miércoles Castillo fue destituido por esa misma cámara y detenido por rebelión. 

En su lugar asumió los atributos de Jefe de Estado la vicepresidenta del país, Dina Boluarte. Esta abogada de 60 años, que asume el poder durante la época de mayor turbulencia política de las últimas épocas, aseguró que gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo.

El evento principal que detonó la crisis en el Perú fue la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso y de instaurar “un gobierno de excepción” que, según aseguró, gobernaría a través de decretos ley hasta que un nuevo Parlamento con poderes constituyentes elaborara una nueva Constitución.

El anuncio del mandatario fue inmediatamente respondido con acusaciones de que estaba dando un “golpe de Estado”.

La decisión de Castillo fue cuestionada no solamente por la oposición, sino también por otras autoridades del Estado -incluyendo la Policía y las Fuerzas Armadas- y generó una ola de renuncias de altos funcionarios, entre los que se encuentran varios ministros y embajadores.

Boluarte, que se negó a formar parte del último gabinete como ministra (Castillo realizó más de 70 cambios ministeriales en su gestión de casi 17 meses), había dejado clara su postura ante la decisión de su compañero de fórmula presidencial.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso –declaró-. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

Esta suerte de “autogolpe” evocaba al realizado por el derechista Alberto Fujimori en 1992, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Tras conocerse el anuncio de Castillo, el Congreso votó por mayoría una moción de vacancia contra él y procedió a destituirlo del cargo. Castillo se presentó después ante la prefectura de la policía en Lima, donde fue arrestado.

Cabe consignar que sobre el mandatario pesan varias acusaciones de corrupción que involucran a miembros de su familia, pero que -en algunos casos- también le tocan directamente.

Con la destitución del primer mandatario Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, Perú suma ya 6 presidentes de la República desde 2018.

Analistas señalan que, más allá de los posibles casos de corrupción en los que presuntamente puedan estar involucrados estos exmandatarios, los recurrentes cambios en la presidencia del país se explican también por la fragmentación política y por el diseño institucional del país que facilita que tanto el Congreso como el Presidente puedan anular las facultades del otro poder.

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Cuando la política deviene en una asociación ilícita

Los argentinos hemos terminado por asimilar que la política, una actividad noble orientada al bien público, en los hechos es lo más parecido a una asociación dirigida a cometer delitos.

La opinión pública se ha acostumbrado ya a vincular el mundo de nuestros “representantes” con causas de corrupción que se ventilan en los tribunales o en noticias policiales de los diarios.

El escándalo de los contratos en la Legislatura de Entre Ríos, se inscribe dentro de esta caja de Pandora en que se ha convertido la política en estas pampas.

Cada vez que se destapa parte de esta caja se libera la desgracia de un país cuyos dirigentes, llamados a cuidar del patrimonio común, resulta que son los primeros saqueadores del mismo, convirtiendo a la Argentina en un verdadero lupanar de la corrupción.

El dato es que el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en una resolución emitida este miércoles, determinó que en la Legislatura provincial se desviaron más de $1.000 millones en la última década.

La defraudación al erario público se llevó a cabo en ese ámbito entre enero de 2008 y septiembre de 2018. Se imputa a varias personas que “tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”, según el escrito judicial que trascendió a la prensa.

Los fiscales describen la corruptela como “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

También indican que “entre ambas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, las cuales figuraban cobrando mensualmente sumas cercanas a los $50.000 en el último tiempo.

Para los fiscales, “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

El Ministerio Público dice contar con todas las pruebas que certifican el robo cometido en la Legislatura de Entre Ríos en la última década y de hecho ya hay personas imputadas y detenidas.

Los fiscales describen que la defraudación fue perpetrada por un grupo organizado al efecto. Es decir, sugieren que había una agrupación que, a través de un vínculo estable y duradero, perseguían fines delictivos comunes.

Ahora la pregunta es, ¿en qué quedará esta investigación judicial? ¿Se lograrán dilucidar los hechos en todo su alcance? Si se probara la comisión de delitos, ¿recibirán los responsables el castigo correspondiente?

Hay razones para ser escépticos, ya que se sabe que en Argentina los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del 1% termina en condenas.

¿Qué hace que los juicios por corrupción, ligados sobre todo al enriquecimiento patrimonial de los funcionarios, se vuelvan interminables y al final acaben en nada? Los pesimistas hablan de la existencia de un sistema de impunidad montado por el poder judicial y el político.

Mientras la impunidad persista la actividad política seguirá contaminada y sospechada de ser una asociación ilícita, en la que sus integrantes se organizan para delinquir a costa del erario público.

 

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El arrepentido, para destapar la corrupción

Algunos empresarios involucrados en el cuadernosgate, relativo a la corrupción durante el gobierno kirchnerista, han admitido el pago de coimas declarando como imputados arrepentidos.

El primero que se “arrepintió” fue Juan Carlos Goycoechea, ex CEO de la filial local de la multinacional española Isolux, quien admitió ante la justicia que pagó dinero negro a cambio de contratos con el Estado.

Al confesar el empresario buscó beneficiarse con la figura legal del arrepentido, incorporada a la legislación argentina en octubre de 2016, en virtud de la cual al acusado se le reduce la pena si da información clave para la investigación judicial.

Cabe consignar que Goycoechea, en su declaración como arrepentido se quitó protagonismo y redujo su rol al de mero “valijero”. “La directiva del pago de las coimas venía directo desde España (casa matriz de Isolux). Yo solo tenía que ir a una financiera a buscar el dinero y entregarlo. No decidía nada”, es la frase que el abogado del empresario dijo al  juez y al fiscal de la causa.

Quien fuera CEO de Isolux admitió que le pagó al gobierno que estuvo en la Casa Rosada hasta diciembre de 2015, pero resaltó que los montos “no son los que se dicen” y que lo hizo porque lo “apretaban” pidiéndole dinero para campañas electorales.

En tanto el segundo empresario detenido que declaró como arrepentido es Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA y mano derecha de Angelo Calcaterra, dueño de la constructora, quien voluntariamente se presentó ayer a la justicia.

Ambos empresarios reconocieron que pagaron sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, como se señala en los cuadernos de Oscar Centeno.

Para la Justicia, es una señal alentadora que estos empresarios hayan roto el pacto de silencio. El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para quien la lista de los detenidos no está cerrada y se podría ampliar en los próximos días,  especuló que es posible que haya más arrepentidos.

Entre los altos empresarios detenidos figuran también el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; el presidente del Grupo Albanesi, Armando Loson; el ex presidente de Enarsa, Walter Fagyas; el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; y el vicepresidente de ese grupo, Jorge Guillermo Neira.

Vale recordar que Oscar Centeno, quien fuera chofer del ex funcionario Roberto Baratta –mano derecha de De Vido-, fue el primero que pidió declarar como “arrepentido” en la causa.

Bajo esa categoría reconoció que son de su autoría los cuadernos en donde registró el recorrido de los bolsos con dinero que distintos empresarios pagaron a ex funcionarios kirchneristas.

La corrupción tiene como una de sus características que se da en un marco de ocultamiento. Por eso es difícil la detección de estos hechos si no hay incentivos para que esa información salga a la luz.

La justicia mundial ha creado la figura del “arrepentido” con el propósito justamente de destapar la trama corrupta. En Brasil, por caso, ha sido clave para avanzar en las investigaciones sobre el escándalo de Petrobras, que involucra a empresas constructoras y a importantes figuras políticas.

El beneficio para quien declara como arrepentido es la reducción de la pena por el delito que cometió, pero a cambio debe aportar datos y pruebas suficientes que permitan un avance significativo a la investigación.

 

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El país, conmovido por el «cuadernosgate»

Ocho cuadernos, escritos a mano, han destapado una presunta red de sobornos destinada a recaudar millones de dólares durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

El registro es obra de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido-, quien luego de declarar ante el juez federal Claudio Bonadio se convirtió en “imputado colaborador arrepentido”.

A partir de esta información, la justicia ha detenido a ex altos funcionarios y empresarios vinculados a la obra pública, en una operación inédita que, según trascendió, continuará en las próximas semanas.

La investigación tiene como principal elemento de prueba las copias de ocho cuadernos, que periodistas del diario ‘La Nación’ habían recibido y le entregaron a la Justicia en abril pasado.

Desde tribunales calificaron a esos cuadernos como una “bitácora del delito” de corrupción cometido durante diez años: en ellos se consignan direcciones, horarios, patentes de vehículos, montos de dinero que se movían, nombres de empresarios beneficiados con obra pública y de ex funcionarios que recibían el dinero.

Centeno comenzó a escribir en 2003, en el inicio de su trabajo con Baratta, con una interrupción entre octubre de 2010, apenas muerto Néstor Kirchner, y 2013, a la mitad del segunda presidencia de Cristina Fernández.

Como la causa salpica a la hoy senadora Fernández de Kirchner, justo en momentos en que se especulaba con su regreso a la pelea por el liderazgo del peronismo, y con vistas a las elecciones presidenciales de octubre de 2019, la actuación judicial se ha politizado.

Desde el peronismo hablan de una gran maniobra política, montada por el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, para tapar el desbarajuste económico del gobierno de Mauricio Macri, que estaría en su peor momento según todas las encuestas.

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se burló de las acciones del juez Bonadío, diciendo que es “una fantochada” y que busca un “efecto mediático”.

El objetivo de la supuesta operación es, dijo, “manosear” a Cristina Kirchner, al tiempo que anticipó que el caso será como el del ex fiscal Alberto Nisman: “que encuentran un escrito tirado en el tacho de la basura. Esto tiene menos valor que un libro sin tapa y sin hojas”.

“Cuando a Macri se le complica la historia, aparecen temas como éstos”, dijo  por su lado Alberto Fernández, jefe de gabinete de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2008, y que hasta hace poco militó junto a Sergio Massa (también jefe de gabinete entre 2008 y 2009).

Por su lado el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade sostuvo que se trata de una “causa armada” por parte del magistrado y el gobierno, señalando que a los cuadernos “los escribieron Bonadío y el jefe de gabinete Marcos Peña”.

“Tienen la finalidad de instalar un tema para desviar la atención de la realidad de crisis económica y social que estamos viviendo”, dijo, una opinión que parece compartir todo el arco opositor.

En diálogo con la prensa Tailhade advirtió: “La van a pagar, la van a pagar, los jueces y los fiscales que están en esto, tarde o temprano la van a pagar”.

A todo esto el ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, pidió la nulidad de la causa al tiempo que recusó al juez del caso.

Como sea, el “cuadernosgate” ha sacudido a los tribunales, a la opinión pública y a toda la dirigencia argentina, tanto política como empresarial. Quienes creen en su veracidad dicen que sólo es la punta del “iceberg” de una trama de la corrupción más vasta.

 

© El Día de Gualeguaychú