Cuando la política deviene en una asociación ilícita

Los argentinos hemos terminado por asimilar que la política, una actividad noble orientada al bien público, en los hechos es lo más parecido a una asociación dirigida a cometer delitos.

La opinión pública se ha acostumbrado ya a vincular el mundo de nuestros “representantes” con causas de corrupción que se ventilan en los tribunales o en noticias policiales de los diarios.

El escándalo de los contratos en la Legislatura de Entre Ríos, se inscribe dentro de esta caja de Pandora en que se ha convertido la política en estas pampas.

Cada vez que se destapa parte de esta caja se libera la desgracia de un país cuyos dirigentes, llamados a cuidar del patrimonio común, resulta que son los primeros saqueadores del mismo, convirtiendo a la Argentina en un verdadero lupanar de la corrupción.

El dato es que el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en una resolución emitida este miércoles, determinó que en la Legislatura provincial se desviaron más de $1.000 millones en la última década.

La defraudación al erario público se llevó a cabo en ese ámbito entre enero de 2008 y septiembre de 2018. Se imputa a varias personas que “tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”, según el escrito judicial que trascendió a la prensa.

Los fiscales describen la corruptela como “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

También indican que “entre ambas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, las cuales figuraban cobrando mensualmente sumas cercanas a los $50.000 en el último tiempo.

Para los fiscales, “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

El Ministerio Público dice contar con todas las pruebas que certifican el robo cometido en la Legislatura de Entre Ríos en la última década y de hecho ya hay personas imputadas y detenidas.

Los fiscales describen que la defraudación fue perpetrada por un grupo organizado al efecto. Es decir, sugieren que había una agrupación que, a través de un vínculo estable y duradero, perseguían fines delictivos comunes.

Ahora la pregunta es, ¿en qué quedará esta investigación judicial? ¿Se lograrán dilucidar los hechos en todo su alcance? Si se probara la comisión de delitos, ¿recibirán los responsables el castigo correspondiente?

Hay razones para ser escépticos, ya que se sabe que en Argentina los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del 1% termina en condenas.

¿Qué hace que los juicios por corrupción, ligados sobre todo al enriquecimiento patrimonial de los funcionarios, se vuelvan interminables y al final acaben en nada? Los pesimistas hablan de la existencia de un sistema de impunidad montado por el poder judicial y el político.

Mientras la impunidad persista la actividad política seguirá contaminada y sospechada de ser una asociación ilícita, en la que sus integrantes se organizan para delinquir a costa del erario público.

 

© El Día de Gualeguaychú

 

Campañas y dinero: arma de doble filo

No se puede hacer una campaña electoral sin dinero, esto parece bastante claro. El problema es cuando los candidatos no explican de dónde provienen los recursos de los ingentes gastos en propaganda.

En Argentina el financiamiento de las campañas políticas está reglado por ley. Sin embargo todo el mundo sabe que con esos fondos públicos no se puede hacer, por ejemplo, una campaña presidencial.

La plata de la política, entonces, se junta de la mano de empresarios amigos de una manera muy opaca. Es decir, como los aportes legales siempre son escasos, los incentivos para el financiamiento ilegal aumentan.

De hecho la Cámara Electoral argentina, formada por jueces que controlan el proceso electoral, acaba de dictar una sentencia donde advierte sobre esta práctica ilícita.

Allí se exige a los candidatos que expliquen sus gastos de campaña y se denuncia el “alto grado de opacidad respecto a la identidad de las fuentes de financiamiento”.

Pero además los magistrados llaman la atención que la campaña está lanzada (desde principios de 2014 hay carteles en todo el país), pese a que sólo se puede hacer un mes antes de las primarias de agosto, es decir desde el 10 de julio.

En este sentido la Cámara Electoral ha enviado un escrito a todas las empresas que se dedican a la publicidad y tienen las licencias de los carteles en la vía pública para recordarles que no deben aceptar campañas políticas antes de tiempo.

El diario ‘ElPaís’ de Madrid, con la firma de Carlos Cué, al hablar de este dictamen, sostiene que los jueces argentinos intentan controlar el enorme gasto electoral, que actualmente está “fuera de control”.

Pero el problema de fondo es descubrir de dónde viene el dinero de las costosísimas campañas, y quiénes son los “inversores”  que destinan grandes cantidades de billetes a los candidatos

“Los partidos no cuentan la verdad. No sabemos quién los financia y eso es no conocer quién está detrás del poder. ¿Cómo se van a devolver esos favores? Esto es fuente de corrupción. Vemos que en Brasil o Chile se está reaccionando pero en Argentina aún no. Los jueces dan un primer paso”, señala Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, una ONG anticorrupción argentina.

Para Samuel Issacharoff, abogado experto en transparencia electoral, el dinero que corre por fuera de los circuitos legales de la economía corrompe las democracias a través del financiamiento espurio de las campañas electorales.

Según dice, los procesos electorales y el financiamiento de las campañas deben tener un control público independiente, que garantice equilibrio y transparencia.

Pero este equilibrio –que responde al concepto de igualdad ante la ley- se rompe a partir del hecho de que siempre hay una gran ventaja para quienes están en el gobierno.

En Argentina hay una larga tradición en hacer campañas políticas con fondos públicos. El dinero estatal se emplea con estos fines, aunque figura nominalmente como parte de la “gestión”.

Además es una práctica común utilizar cualquier presentación de obra pública para hacer campaña proselitista permanente.

Con respecto al dinero negro que va a la política, Alberto Fhöring, doctor en Ciencias Políticas, que estudia la relación entre política y crimen organizado, en una entrevista de noviembre del año pasado vaticinó que “seguramente habrá mucho dinero del narcotráfico en las campañas de 2015”.

 

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