Los argentinos hemos terminado por asimilar que la política, una actividad noble orientada al bien público, en los hechos es lo más parecido a una asociación dirigida a cometer delitos.
La opinión pública se ha acostumbrado ya a vincular el mundo de nuestros “representantes” con causas de corrupción que se ventilan en los tribunales o en noticias policiales de los diarios.
El escándalo de los contratos en la Legislatura de Entre Ríos, se inscribe dentro de esta caja de Pandora en que se ha convertido la política en estas pampas.
Cada vez que se destapa parte de esta caja se libera la desgracia de un país cuyos dirigentes, llamados a cuidar del patrimonio común, resulta que son los primeros saqueadores del mismo, convirtiendo a la Argentina en un verdadero lupanar de la corrupción.
El dato es que el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, en una resolución emitida este miércoles, determinó que en la Legislatura provincial se desviaron más de $1.000 millones en la última década.
La defraudación al erario público se llevó a cabo en ese ámbito entre enero de 2008 y septiembre de 2018. Se imputa a varias personas que “tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”, según el escrito judicial que trascendió a la prensa.
Los fiscales describen la corruptela como “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.
También indican que “entre ambas cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas”, las cuales figuraban cobrando mensualmente sumas cercanas a los $50.000 en el último tiempo.
Para los fiscales, “esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.
El Ministerio Público dice contar con todas las pruebas que certifican el robo cometido en la Legislatura de Entre Ríos en la última década y de hecho ya hay personas imputadas y detenidas.
Los fiscales describen que la defraudación fue perpetrada por un grupo organizado al efecto. Es decir, sugieren que había una agrupación que, a través de un vínculo estable y duradero, perseguían fines delictivos comunes.
Ahora la pregunta es, ¿en qué quedará esta investigación judicial? ¿Se lograrán dilucidar los hechos en todo su alcance? Si se probara la comisión de delitos, ¿recibirán los responsables el castigo correspondiente?
Hay razones para ser escépticos, ya que se sabe que en Argentina los juicios por corrupción duran un promedio de 14 años, y menos del 1% termina en condenas.
¿Qué hace que los juicios por corrupción, ligados sobre todo al enriquecimiento patrimonial de los funcionarios, se vuelvan interminables y al final acaben en nada? Los pesimistas hablan de la existencia de un sistema de impunidad montado por el poder judicial y el político.
Mientras la impunidad persista la actividad política seguirá contaminada y sospechada de ser una asociación ilícita, en la que sus integrantes se organizan para delinquir a costa del erario público.
© El Día de Gualeguaychú
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