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Bajar los impuestos de los servicios públicos

La discusión por el reajuste de las tarifas de servicios públicos derivó en un tema escamoteado por los políticos: la alta incidencia de la carga fiscal sobre el bolsillo de los usuarios.

El llamado “costo del Estado” es un tópico de larga data en la Argentina, el país con los impuestos más altos de América Latina. Una pesada carga que no sólo hace la vida más cara sino que traba el desarrollo económico.

Si para algo está sirviendo el debate del mentado “tarifazo” –como agita la oposición política contra la administración Macri- es que ha logrado que los argentinos empiecen a mirar la composición de las facturas de agua, electricidad y gas natural.

Allí se observa en forma patente que una cosa es el costo de producir y transportar el insumo en cuestión, y otra es la maraña de impuestos y tasas que se han ido agregando a los servicios, impactando en el precio final que paga el usuario.

En Entre Ríos esto se observa, por ejemplo, en la boleta de electricidad de los hogares. El impacto del costo fiscal para los usuarios residenciales del servicio es altísimo.

Así cada vez que pagan una factura por consumo de energía, más de un tercio de ese dinero va al Estado y el resto se destina al costo de la producción (CAMMESA) y a la distribución de la energía (Enersa o Cooperativas).

Por ejemplo, un usuario residencial de Gualeguaychú que por 540 kW abona $2.480 por mes, de ese total $1.600 van al pago de la energía consumida y $880 para impuestos.

Es decir, más del 35% del valor total de la boleta es carga fiscal, discriminado así: un 16% de tasa municipal, un 18% de impuesto provincial, y un 21% de IVA (Estado nacional).

Pero en el país el precio final de los servicios públicos no es homogéneo, sino que en cada provincia y ciudad los valores son distintos, entre otras razones por la carga fiscal diversa que se aplica en cada lugar.

Desde siempre los gobiernos en Argentina -no importa su jurisdicción ni signo político- han echado mano a la creación y al aumento de las alícuotas de los impuestos y tasas para financiar burocracias estatales muchas de ellas sobredimensionadas e ineficientes.

Han tenido a su disposición un menú tributario amplísimo, de resultas de lo cual no ha quedado ninguna actividad o bien exento de imposición, aunque esto al alto precio de restarle poder de compra a los ciudadanos y de castigar a los productores y comerciantes.

Dentro de ese variado menú aparecen las imposiciones a los servicios públicos, de consumo obligado para la población, a través de gabelas de todo tipo, de índole nacional, provincial y municipal. En muchos casos hay aquí dobles imposiciones (por un mismo concepto se paga a distintas jurisdicciones estatales).

Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad. Teóricamente se trata de financiar la hacienda pública para el sostén de la seguridad, la educación, la justicia, la infraestructura, y de otros servicios que son la esencia del contrato social entre los ciudadanos y el Estado.

En este sentido, es clave que el ciudadano perciba con toda claridad el beneficio real y concreto que, en reciprocidad, se deriva del desempeño eficiente del gobierno. La pregunta es: ¿hay correspondencia entre lo que se paga al fisco y los servicios que él presta?

Desde el fondo de la historia, el barón de Montesquieu se preguntó, en el libro ‘El Espíritu de las Leyes’, “¿cómo pagar tributos considerables a un gobierno que cobra y no corresponde con beneficio alguno?”.

 

© El Día de Gualeguaychú

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Publicado por en 11/05/2018 en Uncategorized

 

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La apuesta entrerriana por las energías limpias

Entre Ríos está dando pasos firmes para desarrollar energías renovables, a partir de la explotación de recursos naturales, asociadas al sol, el viento y los residuos orgánicos.

Quien está liderando esta política energética es Enersa, la distribuidora estatal de electricidad, que viene firmando convenios con instituciones ligadas a la investigación tecnológica como el INTA, que trabaja con productores del campo.

Ocurre que Entre Ríos se perfila como una de las cuatro provincias con gran futuro para el aprovechamiento de las fuentes biomásicas orientadas a la producción de energía.

Junto a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el suelo entrerriano es uno de los más ricos del país en la provisión de sustancias orgánicas renovables de origen tanto animal como vegetal.

Desde hace tiempo la energía por biomasa tiene en la provincia usos domésticos. En varios lugares de su geografía operan los biodigestores, el mecanismo que genera energía a partir de los desechos orgánicos.

El otro aprovechamiento energético de la biomasa son los llamados biocombustibles. En los últimos años han aparecido, así, plantas de biodisel y bioetanol, como un modo de agregar valor a la producción agrícola.

Desde Enersa se busca concientizar a la comunidad sobre el sinnúmero de beneficios que conlleva la incorporación de los paneles fotovoltaicos y los calefones termosolares en los hogares, en los comercios y en las industrias.

La distribuidora estatal inauguró hace poco en Paraná dos paneles fotovoltaicos, que producirán energía eléctrica a partir de la luz solar. Los paneles, ubicados en el techo de los galpones de la empresa, tienen 5,5 kW y 12,5 kW de potencia.

Estos paneles producirán electricidad usando energía solar, y el excedente de lo generado será volcado a la red de distribución. Además, se prevé la instalación de una Estación Generadora Eléctrica a partir de Energía Solar de origen Fotovoltaico en la localidad de Ceibas.

En Entre Ríos ya existe un decreto (Nº 4.315) que fomenta la instalación y uso de pequeñas generaciones de energía eléctrica como eólica, solar, gases de vertedero e hidráulica, entre otras, en el marco de la reglamentación nacional.

De esta manera se promueve la figura del usuario-pequeño generador de fuentes renovables, el cual puede entregar sus excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, previa autorización técnica.

A todo esto, el gobernador Gustavo Bordet, durante su gira por Europa, expuso en febrero ante empresarios alemanes las potencialidades de Entre Ríos en energías renovables.

“Proyectamos un plan de desarrollo a 10 años para energías sustentables y renovables”, explicó el mandatario y resaltó: “queremos desarrollar lo que son energías tanto solar como biomasa y eólica”.

Esta convocatoria entrerriana en Alemania se explica porque ese país europeo lidera la transición verde entre los países industrializados. Los alemanes están trabajando fuertemente por cambiar su matriz energética, ser más sustentables y tener mayor soberanía energética.

En cuanto a la producción de energía a través del viento, en territorio entrerriano ya hay escuelas rurales que poseen generadores eólicos, aunque se trata todavía de un desarrollo incipiente.

Entre Ríos tiene un potencial enorme para las energías renovables, gracias a las bondades de su geografía. Y de hecho, se especula que en los próximos años se volcarán capitales privados para aprovechar este sector.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 13/04/2018 en Uncategorized

 

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La prestadora eléctrica local logró equilibrar sus números -Gualeguaychú-

EN 2017 TOMÓ DEUDA PARA INVERTIR EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN

La prestadora eléctrica local logró equilibrar sus números

Desde que se descongelaron las tarifas eléctricas en 2016, la entidad local comenzó a revertir el rojo operativo, según los dos últimos balances de la institución.

Por Marcelo Lorenzo

 

En 2016 la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú cerró con un superávit de alrededor de 1 millón de pesos, después de más de una década de trabajar a pérdida, producto de una política tarifaria (dispuesta por el Estado Nacional) que no compensaba los costos del servicio de distribución.

Según la memoria anual del ejercicio 2015-2016, la entidad estuvo en serio riesgo de desaparecer, por quedarse sin resto económico. “Al mes de diciembre (2015) prácticamente estábamos en cesación de pagos, como la mayoría de las distribuidoras del país”, se lee allí.

El rojo operativo empezó en 2002 (tras la salida de la convertibilidad) y desde entonces siguió año a año. La situación de quebranto se dio en un marco paradójico de expansión de la demanda.

En efecto, mientras por un lado el consumo de electricidad fue creciendo porque el precio de la energía era barato para los usuarios, las prestadoras del servicio sin embargo entraron en un severo proceso de descapitalización.

La estrategia del gobierno nacional anterior a la larga cebó por un lado el consumo (la energía se abarató respecto al precio de otros bienes) pero al costo de lesionar la economía de las prestadoras.

Las tarifas actualizadas por debajo de una inflación en alza afectaron la capacidad de las distribuidoras, como la cooperativa local, de realizar inversiones y hacer el mantenimiento de las redes de distribución, muchas de las cuales colapsaban ante los picos de demanda estival.

Esta situación se agravó a partir de noviembre de 2013 cuando empezó a regir en todo Entre Ríos un congelamiento tarifario, según reconoce Energía de Entre Ríos SA (Enersa), la distribuidora estatal, en un informe de fines de 2016.

“En cuanto al costo de distribución, en la provincia de Entre Ríos y desde noviembre de 2013, no se produjo ninguna variación en el cuadro tarifario ya que, por un convenio suscripto por el Estado Nacional y la Provincia, se impuso un congelamiento tarifario que tuvo vigencia hasta diciembre de 2015 inclusive”, refiere un escrito oficial de Enersa.

La Cooperativa de Gualeguaychú, a través de los balances publicados en estos años, dio cuenta que hizo frente a esta brecha entre ingresos y gastos operativos mediante dos vías: contrayendo deuda y posponiendo los pagos a los proveedores. Aunque también cada tanto recibía subsidios estatales extraordinarios para el mantenimiento del servicio.

Este cuadro empezó a revertirse a partir de 2016 cuando las nuevas autoridades nacionales sancionaron la llamada “Ley de Emergencia Eléctrica Nacional”, que puso fin al congelamiento tarifario, iniciando una gradual remuneración de toda la cadena de producción y distribución de energía.

El último ejercicio de la Cooperativa, cerrado en septiembre de 2017, arrojó un nuevo superávit, esta vez de 11,5 millones de pesos, sobre un presupuesto total de gastos e ingresos de 234,7 millones de pesos.

Sin embargo, dado el atraso acumulado durante años en materia de inversión en las redes de distribución local, durante 2017 la Cooperativa decidió invertir 38,4 millones de pesos, monto que fue financiado mayormente con créditos contraídos en el sistema bancario.

La distribuidora local, que sirve a 39.740 abonados y cuenta con 101  empleados, señala así que el año pasado se dedicó a “reconstruir un sistema eléctrico (…) que sufrió un desgaste como consecuencia de las tarifas congeladas impuestas desde las esferas nacionales hasta el 31 de diciembre de 2015”.

La primera consecuencia práctica de esta estrategia -indica la entidad- “fue la menor cantidad de cortes de servicio en las diferentes áreas de distribución”.

“La otra consecuencia es que al destinar la totalidad de fondos disponibles al mejoramiento de la calidad del servicio, no hemos podido reducir significativamente los pasivos, tarea que de ser posible realizaremos en el ejercicio en curso (2018)”, se lee.

 

SÓLO UNA PARTE DE LA TARIFA FINANCIA A LA COOPERATIVA

La Cooperativa de Gualeguaychú compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a la empresa CAMMESA equis cantidad de kilovatios (energía y potencia) para ser distribuidos entre sus usuarios, lo que representa la demanda de Gualeguaychú.

Ahora bien, para brindar este servicio la entidad tiene un costo operativo que cubrir (pago de empleados, expansión y mantenimiento de las redes, costos administrativos), el cual se refleja en la tarifa eléctrica como Valor Agregado de Distribución (VAD) cuya actualización es autorizada por el Estado provincial.

Caída la convertibilidad, el VAD se fue retrasando frente al aumento de materiales, combustible, mano de obra y demás, en una economía fuertemente inflacionaria.

Esto significó que a pesar de haber vendido en los últimos años más energía en la ciudad, el dinero que le quedó a la Cooperativa fue cada vez menos, hasta no poder cubrir por la tarifa congelada los mayores costos.

Éste es el origen del rojo operativo de la entidad en los últimos años, una tendencia que ha empezado a revertirse en 2016, con el cambio de autoridades nacionales, y luego de que el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) autorizara la actualización del VAD.

La tarifa eléctrica en Entre Ríos, como se ve, tiene por lo pronto dos componentes: por un lado el valor del kilovatio (kW) que expresa el costo de generación de energía y que se paga a CAMMESA, y por otro lado el VAD, que refleja el costo de distribución.

Pero a estos dos componentes de la tarifa eléctrica hay que sumarle otro muy importante por su incidencia en el bolsillo de los usuarios: el costo impositivo.

Estas cargas fiscales son determinadas y recaudadas para los Municipios (contribución municipal y tasa), la Provincia (el Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos), y la Nación (el IVA).

La suba de la tarifa eléctrica en los dos últimos años en Entre Ríos -tema que tiene sensibilizada a la opinión pública provincial-  debe ser analizado desde esta triple composición del cuadro tarifario.

El precio mayorista ha pegado un salto del 800% ya que  el valor del kW pasó de $0,114 en diciembre de 2015 al valor actual de $0,935. Y esto producto del retiro de subsidios estatales nacionales que se venían otorgando a las empresas generadores de energía, para mantener artificialmente baja la tarifa a los usuarios.

Enersa, la distribuidora estatal de Entre Ríos, al explicar a sus clientes en 2016 el porqué de los aumentos de la tarifa eléctrica enfatizó que su mayor valor se debía al retiro de subsidios al costo mayorista de la energía por parte del gobierno nacional.

“Desde la salida de la convertibilidad y luego del año 2001 y hasta la fecha, no se han trasladado los costos reales de generación de la energía eléctrica a los usuarios finales. Los mismos eran afrontados, en gran parte, por el Estado Nacional, quien se encargaba de pagar parte de ese costo a las empresas generadoras para evitar aumentarles la tarifa a los usuarios finales”, refirió.
Y aclaró: “Estos subsidios, que comenzaron siendo pequeños, al llegar al año 2015 representaban casi el 90 por ciento del costo; es decir, el usuario residencial final pagaba en su factura algo más del 10 por ciento del costo real de generación de la electricidad”.

Pero a partir de 2016 el gobierno nacional dispuso una reducción progresiva de esos subsidios, por lo que hoy el usuario residencial estaría pagando el 80% del costo real de generación, de acuerdo a declaraciones recientes del presidente de Enersa, Jorge González.

 

ALTO IMPACTO FISCAL

A todo esto, el impacto del costo fiscal en la boleta que pagan los usuarios residenciales del servicio eléctrico es altísimo, según reconoció  la contadora Silvia Cantisani, gerente de la Cooperativa de Electricidad La Paz (CELP), ante los reclamos de los usuarios.

La directiva dijo que las autoridades deben evaluar “una baja de los impuestos y tasas que aparecen en la factura cuyo valor alcanza casi a la mitad del valor final de la factura, es decir la gente paga la mitad que corresponde a la energía y el resto son todos impuestos que se van para otro lado, no quedan en la Cooperativa”.

Esto significa que los usuarios residenciales del servicio eléctrico, por ejemplo, cada vez que pagan una factura por consumo de energía, la mitad de ese dinero va al Estado y el resto se destina al costo de la producción (CAMMESA) y a la distribución de la energía (Enersa o Cooperativas).

Por ejemplo, un usuario residencial de Gualeguaychú que abona $2.480 por mes, de ese total $1.600 van al pago de la energía consumida y $880 para impuestos.

Es decir, más del 35% del valor total de la boleta es carga fiscal, discriminado así: un 16% de tasa municipal, un 18% de impuesto provincial, y un 21% de IVA (Estado nacional).

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 08/04/2018 en Uncategorized

 

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Lo que se viene: colectivos eléctricos

En Argentina se acaba de lanzar una experiencia piloto para que empiecen a circular autobuses eléctricos en todo el país, una tendencia que se consolida en el transporte público mundial.

Un comité de evaluación argentino ha dado oficialmente el visto bueno al fabricante de vehículos BYD para el lanzamiento de una flota de 50 autobuses eléctricos en el país.

Este comité eligió a la empresa tecnológica de energías renovables BYD, de origen chino, entre un grupo de 5 candidatos debido a su exitoso autobús eléctrico de 12 metros que ya está operativo en ciudades como Londres, Los Ángeles y Ámsterdam.

El coste de esta operación correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente de Argentina y la licitación fue lanzada por el propio ministerio como un proyecto piloto para introducir el transporte público eléctrico en varias ciudades del país.

Además, y con el propósito de satisfacer mejor las demandas del mercado, BYD planea construir una nueva planta de producción en Argentina, proyecto que implica inversión extranjera en el país y creación de puestos de trabajo.

BYD (Build Your Dreams) el mayor fabricante mundial de baterías para teléfonos celulares, puso el foco sobre la Argentina a partir del descubrimiento de grandes reservas nacionales de litio, el mineral con el que se fabrican las baterías más modernas.

Elegida como una de las “Compañías más admiradas de China” por la revista Fortune en el 2016, la firma se dedica a dar soluciones de “movilidad verde” a nivel global. Por eso se enfocó en los vehículos con baja emisión de carbono como una opción de transporte en contra de la contaminación ambiental.

El modelo que está promocionando la firma china es el K9, el cual está siendo utilizado en diferentes ciudades del mundo, y cuyas características son: 12 metros de longitud, capacidad para 70 pasajeros (31 sentados), consumo medio de 100 kWh cada 100 km, aceleración 0-50 Km/h en 20”, velocidad máxima de 96 Km/h, y autonomía diaria en condiciones urbana de 250 km con cada carga.

La incursión fuerte de BYD en Argentina obedece, además, a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se comprometió con el grupo de alcaldes del C40 a tener el 25% de los buses eléctricos (3.900 unidades) para 2020.

Buenos Aires quiere todos sus colectivos eléctricos para 2030. Para esa fecha toda la flota de autobuses de la región metropolitana  podría estar cubierta por vehículos eléctricos a base de baterías.

Cabe consignar que en esa región en la actualidad un total de 91 empresas explotan 136 líneas y mueven al año 1.700 millones de pasajeros en más de 9.600 autobuses.

Muchos expertos señalan que los vehículos eléctricos son los más indicados para la ciudad. El cuidado del medio ambiente, el ahorro respecto a los vehículos de combustión y el buen comportamiento en atascos son algunas razones de peso para su elección.

El transporte público eléctrico no es algo nuevo. Históricamente la movilidad eléctrica ha sido la protagonista de las ciudades. Tranvías, metros e incluso los trolebuses llevan decenas de años circulando por las ciudades del mundo, siempre impulsados por energía eléctrica.

El 25 de octubre de 1892 se ensayó el primer tranvía eléctrico de la Argentina, pero no en Buenos Aires, sino en ciudad de La Plata, flamante nueva capital de la provincia bonaerense.

La novedad tecnológica ahora se vincula con el autobús eléctrico a baterías, que se está extendiendo por todo el mundo, y que es visto como un producto que cuida el medioambiente y es económicamente avanzado.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 24/03/2017 en Uncategorized

 

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La ciudad ante las energías limpias

NUEVOS JUGADORES CAMBIAN EL PAISAJE DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA NACIONAL

La ciudad ante las energías limpias

Empezó  el proceso por el cual parte de la matriz eléctrica del país debe ser reemplazada por energías renovables. ¿Qué pasará en Gualeguaychú? ¿Qué dice la distribuidora local?

Por Marcelo Lorenzo

 

El dato es que Argentina, que venía atrasada en la provisión eléctrica a partir de fuentes renovables (superada en la región por Chile y Uruguay), pica hoy en punta en el interés de inversores locales y extranjeros.

Esto a partir de la salida del default, que implicó una reinserción en el mercado de capitales mundiales, y a la reglamentación de la ley Nº27.191/15, que es el marco normativo que regula el sector.

El objetivo inicial es que al 31 de diciembre de este año, el 8% de la electricidad que se consuma en el país sea de fuentes renovables. Hacia 2025, deberá alcanzar un 20%.

A través de licitaciones públicas, compañías locales y del exterior consiguieron contratos para avanzar en la construcción de centrales de energías eólica, solar, biogás y biomasa. Se prevé que 4.000 millones de dólares ingresarán al país entre 2017 y 2018, generando nuevos empleos.

La provincia de Buenos Aires ya está liderando la aplicación de estas tecnologías sustentables. Contará con ocho granjas eólicas, concentradas en su mayoría en zonas cercanas al mar, donde los vientos soplan más fuerte y en forma sostenida.

Algunas ciudades del interior del país se han lanzado resueltamente a producir energías limpias. Quieren situarse, así, en el corazón de la transición hacia un nuevo modelo energético, que aproveche los recursos del entorno en clave ecológica.

Es el caso de Tres Arroyos (Buenos Aires), cuya cooperativa eléctrica local se ha asociado al grupo suizo Golden Peak Capital, para desarrollar una granja eólica con el propósito de abastecer de energía no sólo a la localidad sino al sistema nacional.

Por otro lado, se propone modificar el régimen de generación de energía, tomando las mejores prácticas de Europa. Lo que se busca es que los usuarios particulares puedan auto-generar energía renovable y vender los excedentes.

A través de paneles solares, principalmente, los usuarios residenciales y las industrias, podrán auto-generar energía limpia logrando su abastecimiento, y teniendo la posibilidad de vender la energía que no utilizan a las distribuidoras.

En Entre Ríos, en tanto, tuvo lugar en noviembre pasado en la ciudad de Chajarí la Primera Jornada Regional de Energías Renovables, donde se habló de la necesidad de que los distintos municipios se involucren en la aplicación de dispositivos de última generación para la optimización de los consumos eléctricos, tanto residenciales como industriales.

Con el auspicio del municipio de Chajarí y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (delegación argentina de la CTM), expusieron en la ocasión expertos extranjeros, en representación de la empresa Techwave (Chile) y de la firma Siemens Argentina.

Por su lado, el gobierno de la Provincia, a través del secretario de Energía, Raúl Arroyo, ha manifestado su interés por desarrollar estas energías. “Queremos trabajar en todas las áreas; se vienen muchas posibilidades para su desarrollo”, aseguró en abril pasado Arroyo, en diálogo con diario UNO.

Allí contó que se requirió un estudio a la cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que recientemente elevó un mapa eólico y solar de la provincia.

De acuerdo a ese estudio, las zonas geográficas de mayor potencial solar para proyectos de grandes dimensiones están en Feliciano y norte de Federación y en el centro-este de la provincia (Nogoyá y Villaguay). En tanto que Paraná, Crespo y Diamante, al igual que la costa centro y norte del río Uruguay (Colón y Concordia) son ideales para la explotación eólica (vientos).

 

¿Y POR CASA CÓMO ANDAMOS?

¿Cómo impactarán este año en Gualeguaychú los cambios en el marco normativo nacional del sector eléctrico? En principio la distribuidora local debe proveer en energías limpias un porcentaje de lo que consumen sus grandes usuarios, según explicó a este diario el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Guillermo Farabello.

Si bien el marco regulatorio actual no le impide explotar energías alternativas, hoy la Cooperativa es sólo una distribuidora, un intermediario en el sistema. Es decir que compra su principal insumo (energía y potencia) al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Eso significa que adquiere un producto final que no produce. En este sentido, deberá solicitarle a Cammesa, su proveedor mayorista, que un porcentaje de la electricidad que le venda provenga de fuentes renovables.

“El sistema funciona así: los generadores le venden la energía eléctrica a Cammesa que la vuelca al sistema interconectado nacional. Nosotros le compramos a ella la energía y potencia que necesitamos. La energía eléctrica es toda la misma, lo que cambia es la forma de generarla”, explicó el entrevistado.

Ahora bien, la cooperativa eléctrica local, ¿planea explotar las energías alternativas, como hace la cooperativa de Tres Arroyo? ¿Viene explorando esa posibilidad de convertirse en un productor de electricidad?, inquirió este diario.

“Por ahora no. No estamos en condiciones financieras para encarar un proyecto de esta naturaleza. Tendría que venir un inversor con el proyecto y la plata. En ese caso evaluaríamos la situación. Hay que pensar, de todos modos, en una fuerte inversión de arranque”, respondió Farabello, quien así se mostró muy cauto sobre las posibilidades de un emprendimiento propio de este tipo en Gualeguaychú.

Al respecto, sostuvo que la entidad viene de un largo proceso de descapitalización, asociado a un virtual congelamiento tarifario (dispuesto por el Estado nacional) que durante años castigó, según él, a todos los distribuidores eléctricos del país, y que colocó a la Cooperativa local en una situación financiera muy vulnerable.

Aunque desde 2016, con el nuevo gobierno nacional, empezó una paulatina recomposición tarifaria, que revirtió la tendencia de quebranto, Farabello aseguró que eso todavía no alcanza para cubrir las deudas contraídas años anteriores ni encarar la inversión en infraestructura que necesita la ciudad.

No obstante, el directivo comentó que en el año que finalizó la Cooperativa financió infraestructura por un monto aproximado a los 20 millones de pesos.

Hacia adelante, el desafío es invertir fuerte en las líneas de distribución de la ciudad, para reemplazarlas por cable pre-ensamblado. Esto evitaría, según el técnico, los problemas de baja tensión.

“Hemos repotenciado las subestaciones. Pero tenemos baja tensión en algunos sectores, porque las líneas troncales son antiguas, con el cable tradicional. El objetivo es cambiar todo por cable pre-ensamblado. Pero eso tiene un costo altísimo. Entonces vamos de a poco, según los recursos disponibles”, explicó.

Más allá de esta coyuntura, Farabello comentó que la clave para que se produzca la expansión de las energías limpias tiene que ver con la relación costo-beneficio.

“Insisto en que se necesita una fuerte inversión de arranque. Y eso sólo puede provenir de inversores privados, sobre todo extranjeros. Entonces en la reglamentación que hace el gobierno nacional le quitan prácticamente todos los impuestos, para incentivar que los inversores vengan”, reflexionó el directivo.

Planteando escenarios hipotéticos, Farabello comentó que la cooperativa local podría asociarse a un inversor privado para producir energías limpias.

También podría darse el caso de que un grupo inversor instalara, por ejemplo, una planta solar fotovoltaica y en ese caso la energía que produjera se la debería vender a Cammesa, para que ésta la comercializara a los distribuidores, como la cooperativa local.

Otra variante utilizada en Europa y es una tendencia que, según los expertos, cambiará el futuro energético tiene que ver con que los particulares aprovechen el techo de sus viviendas o los edificios para la instalación por ejemplo de paneles solares.

La energía fotovoltáica integrada en edificios y casas permitiría aprovechar los espacios urbanos para producir energía limpia y colocar esa electricidad en las redes de distribución local

En este sentido, sería importante que en el marco regulatorio urbano hubiese algún incentivo impositivo, o de otra especie, para que los vecinos y las empresas se animen a usar estas energías limpias.

Aunque es fundamental, para la expansión de estas tecnologías, que la sociedad esté convencida de sus beneficios medioambientales, pensando en la ciudad como hábitat sostenible.

 

URUGUAY LIDERA

En la última década, Uruguay ha logrado convertirse en el país con mayor proporción de electricidad generada a partir de energía eólica de América Latina y uno de los principales en términos relativos a nivel mundial.

Con ello ha reducido su vulnerabilidad al cambio climático y a las crecientes sequías que afectan las represas hidroeléctricas. Actualmente el 22% de la electricidad del país vecino es generada a partir del viento.

Para 2017, Uruguay aspira a lograr que el 38% de la electricidad generada sea a partir del viento, con lo que se colocaría próximo al líder mundial Dinamarca, con un 42%, según el Consejo Global de Energía Eólicas.

El país vecino también está apostando fuerte a la energía solar. Según informa el diario ‘El Telégrafo’, capitales uruguayos y chinos van a invertir alrededor de 120 millones de dólares para construir 6 plantas fotovoltáicas en Paysandú, Artigas y Río Negro.

El proyecto prevé instalar 237.600 paneles solares en una superficie de 111 hectáreas, los que generarán 121.000 megavatios/hora anuales. Esto equivale al consumo de 35.000 casas de familia promedio.

Según el proyecto, el 50% del total de la inversión tiene componente nacional. Las estructuras metálicas para soportar los paneles, los tableros eléctricos centralizadores, el cerco perimetral, y las cámaras de concreto serán fabricadas en el Parque Industrial de Paysandú. En tanto que los cables conductores y los transformadores de potencia se comprarán a fabricantes locales.

Cabe mencionar que Uruguay inauguró la primera planta de energía solar en la zona de Salto en el año 2013.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 10/02/2017 en Uncategorized

 

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El país ante el reto de los vehículos eléctricos

¿Acaso Argentina puede convertirse en líder regional en la fabricación de vehículos eléctricos, la nueva propuesta de la industria automotriz mundial?

El gobierno nacional y varios sectores vienen alimentando la hipótesis que el nuevo paradigma tecnológico de la industria automotriz global le viene como anillo al dedo al país.

En Argentina, el “Sero” es el primer auto eléctrico nacional, y comenzó a fabricarse este año. Ya circulan por el país, pero necesitan una nueva legislación que los incorpore en el parque automotriz.

Los fabricantes del nuevo producto se nuclean alrededor de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), integrada por firmas como Melex, Zanella, Sipod, ArqBravo, Trimove y Lucky Lion.

Esta cámara está impulsando un cambio en la normativa en un doble sentido: en principio para regular la circulación de la nueva categoría de vehículos y otra legislación para incentivar la producción y venta de los mismos.

El sector espera un adecuado marco regulatorio, un esquema de promoción impositiva y nuevas normas para alcanzar un cambio de paradigma a favor de las energías renovables.

El gobierno nacional, en este sentido, puso en marcha días atrás un plan para promover la producción de estos vehículos en Argentina. “Somos referentes regionales en la fabricación de pickups, comenzamos el camino para serlo en vehículos eléctricos”, anunció Damián Testori, director Nacional de Productividad Pyme, dependiente del Ministerio de la Producción.

El gobierno constituyó con este objeto una mesa con los miembros de AAVEA, la cual “tiene como primer objetivo trabajar sobre el marco regulatorio, y luego hacer mayor foco sobre el desarrollo de la industria y la infraestructura necesaria para su crecimiento”, refirió Mariano Luis Jimena, directivo de esa asociación.

“Debido a que el sector automotriz es fuerte en el país y tiene vasta experiencia, se puede afirmar que ya contamos con una parte fundamental y estratégica de la industria, lo cual hará potenciar el autopartismo existente”, indicó Jimena y señaló que “en cuanto al desarrollo, primará la categoría liviana” y más adelante se buscará “que las automotrices puedan producir autos eléctricos en el país”.

La necesidad regulatoria y las normas de homologación son prioridad para los proyectos en pleno desarrollo de pequeños vehículos o city-cars para 2 pasajeros, con una velocidad máxima de entre 45 y 80 kilómetros por hora, carga eléctrica para baterías de litio o de otras tecnologías y con restricciones para circular por rutas y autopistas.

El “Sero Electric”, por ejemplo, está inicialmente pensado para usarse en pueblos del interior, countries o resorts, además de posibilitar recorridos cortos en el ámbito urbano, aunque todavía no dispone de habilitación para circular libremente por las calles.

Según Jimena, el país no solo tiene el capital humano para fabricar los nuevos vehículos, sino que cuenta con el insumo clave, el litio, con el cual se hacen las baterías con las que funcionan.

Argentina posee una de las mayores reservas mundiales de litio, con lo cual se coloca en una posición de ventaja regional para la producción de baterías para vehículos eléctricos.

Cabe consignar que las gigantes automotrices se aprestan a jubilar los autos con motor de combustión, hoy devenidos en obsoletos frente a los modernos modelos eléctricos, más ecológicos, proceso que viene siendo acompañado por leyes aprobadas en Europa y Estados Unidos.

 

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Publicado por en 11/01/2017 en Uncategorized

 

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El fin de la era de los autos a nafta

Las gigantes automotrices, sector simbólico del capitalismo, se aprestan a jubilar los autos con motor a combustión, hoy devenidos en obsoletos frente a los modernos modelos eléctricos.

El auto, ese objeto fetiche de las clases medias mundiales, representa la ideología burguesa por excelencia (ni siquiera los que se declaran antisistema –marxistas o ecologistas radicales-dejan de usarlo y de idolatrarlo).

Las automotrices pertenecen a las grandes empresas trasnacionales. Cuando ponen en circulación un nuevo modelo de automóvil, activan una compleja y vasta maquinaria que va desde la cadena de producción hasta la red de comercialización.

De esa decisión depende el porvenir de miles de puestos de trabajo, de un sinfín de industrias subsidiarias, de intereses varios, y sobre todo el destino de ingentes cantidades de capitales.

Es tal el impacto social y económico que genera esta industria que los Estados suelen protegerla especialmente. De ahí que el cambio tecnológico que se avecina, ya decidido por las cúpulas automotrices, de dejar de vender modelos con motor a combustión, representa una cuestión de interés público.

Las autoridades de los países desarrollados acompañan el cambio de paradigma tecnológico de esta industria. En efecto, se vienen aprobando leyes de proscripción de los vehículos “tradicionales”, para dar paso a los modelos eléctricos, supuestamente más ecológicos.

El parlamento de Holanda, por ejemplo, ya aprobó una moción para prohibir la venta de autos motorizados por combustión fósil para 2025. De esta manera, quedará proscrita para esa fecha la oferta de autos “no sostenibles”.

Noruega también se plegó a la nueva política de ponerle plazo a la era del petróleo. Con el objetivo de reducir a cero sus emisiones contaminantes, el país europeo dispuso que también en 2025 se dejaran de vender autos propulsados por combustibles fósiles.

Alemania, nicho de gigantes automotrices, dictaminó una resolución que facultaría a sus políticos a proscribir la venta de autos 0km motorizados por nafta o diesel a partir de 2030.

Climate Action Tracker, una organización europea que publica análisis científicos sobre temas ambientales, anatematizó hace poco contra el automóvil con motor a combustible, haciéndolo responsable del 14% de las emisiones de efecto invernadero.

Kiyotaka Ise, alto gerente de Toyota, la segunda compañía en el mundo que más autos vende, ha coincidido con Climate Action Tracker, al señalar que “no será fácil que los autos a gasolina y diesel sobrevivan”.

Hasta ahora se asociaba a los autos eléctricos con tres problemas: alto costo, poco alcance de kilometraje con cada carga de batería y tiempo prolongado de recarga.

Sin embargo, los avances en tecnología y el aumento de producción prometen transformaciones profundas. Con lo cual el pronóstico es que los autos de consumo convencional de combustible están cerca de la extinción.

Una de las compañías a la vanguardia de autos eléctricos es Tesla Motors, con sede en California. “Empezamos con una idea muy fresca: si se iba a establecer una compañía de automóvil para el siglo XXI, ¿cómo sería? Lo primero que dijimos fue que no usaríamos gasolina”, explicó a BBC Mundo Ricardo Reyes, vicepresidente de comunicaciones de Tesla.

“Nos dimos cuenta que la tecnología de los computadores laptop se podía usar para un automóvil. En ese momento empezamos a usar esas baterías de litio recargables, las mismas de los laptops”, refirió en relación a la innovación tecnológica.

 

© El Día de Gualeguaychú

 
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Publicado por en 18/11/2016 en Uncategorized

 

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